Autoridades de 16 provincias acordaron crear un sistema articulado para enfrentar el incumplimiento alimentario y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Funcionarios judiciales y políticos de todo el país resolvieron crear una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, con el objetivo de articular respuestas eficaces frente al incumplimiento de la cuota alimentaria. La decisión se tomó durante un encuentro realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la participación de representantes de 16 provincias, organismos judiciales nacionales, UNICEF y organizaciones civiles.
La iniciativa se enmarca en el Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, organizado por el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro buscó fortalecer la cooperación interjurisdiccional para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho alimentario.
Según se informó, la red permitirá intercambiar información entre jurisdicciones, consolidar buenas prácticas y avanzar hacia criterios técnicos comunes. También se plantea como un instrumento para mejorar las respuestas estatales ante la violencia económica y patrimonial.
La apertura del evento estuvo a cargo del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien destacó: “Este encuentro es un gran paso para la cooperación federal, ya que nos permite fortalecer nuestras instituciones y de ese modo, beneficiar a más familias”.
Durante el panel de apertura, el secretario de Justicia de la Ciudad, Francisco Quintana, remarcó que “el incumplimiento de la cuota alimentaria es una vulneración concreta de derechos que impacta en el desarrollo, la salud y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes”. La jornada incluyó también un informe presentado por María Emilia Sesin, secretaria a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que relevó datos sobre violencia económica.
Según Sesin, “el 40% de las mujeres relevadas sufrieron violencia económica patrimonial”, en el marco de una presentación realizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Por parte de UNICEF, Alejandra Beccaria señaló que “hay 1.700.000 hogares monoparentales liderados por mujeres, que tienen una tasa de pobreza infantil 10 puntos por encima del promedio de los hogares con niñas y niños”. Estos datos sirvieron de contexto para profundizar el análisis sobre la situación alimentaria y las estrategias necesarias para hacer frente a las deudas de manutención.
Durante el evento también se presentó una Guía de Buenas Prácticas del Registro Público de Alimentantes Morosos, elaborada por el Gobierno de la Ciudad. Entre los resultados expuestos, se destacaron operativos de control en estadios de fútbol y recitales que identificaron a más de 60 deudores registrados.
El encuentro continuó con tres mesas de trabajo temáticas. La primera abordó legislación y avances normativos en cuestiones alimentarias, con participación de autoridades de distintas provincias y especialistas en derecho de familia. En paralelo, se compartieron experiencias sobre políticas activas para el cobro alimentario y mecanismos de gestión registral.
La segunda mesa reunió a representantes provinciales y de organizaciones civiles para debatir herramientas de articulación con otros sectores del Estado y del ámbito privado. Entre los participantes hubo funcionarios de Córdoba, Río Negro, Corrientes, Chubut y Santiago del Estero, además de referentes del sector comercial.
La tercera instancia de trabajo se centró en el análisis de la violencia económica como forma de vulneración de derechos de niños y mujeres. Participaron funcionarias de organismos provinciales y juezas, junto a académicas y representantes de la sociedad civil.
El encuentro contó con presencia de delegaciones de Santa Fe, Jujuy, Salta y La Pampa, lo que permitió un abordaje federal amplio sobre la problemática.
La creación de esta Red Federal apunta a consolidar un sistema institucional más coordinado frente al incumplimiento alimentario, reconociendo el impacto directo en la niñez y en hogares monoparentales liderados por mujeres. Según los organizadores, el objetivo es asegurar un marco de cooperación permanente que reduzca la fragmentación actual entre registros provinciales.
La jornada funcionó también como espacio de intercambio técnico y político para avanzar hacia una política pública federal que refuerce los mecanismos de control, sanción e información vinculados a las deudas alimentarias.
