La presentación fue realizada a través del procurador general, Martín Ocampo, con el objetivo de intervenir directamente en el expediente judicial.
El Gobelino de la Ciudad pidió ser querellante en la causa.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó este miércoles constituirse como querellante en la causa que investiga el derrumbe del complejo “Estación Buenos Aires”, ocurrido el pasado 3 de marzo en el barrio de Parque Patricios. La presentación fue realizada a través del procurador general, Martín Ocampo, con el objetivo de intervenir directamente en el expediente judicial.
Según fuentes oficiales, la decisión de la administración de Jorge Macri apunta a defender los intereses patrimoniales y operativos del Estado porteño, tras un episodio que impactó de lleno en la seguridad pública y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Además, la medida permitirá al Ejecutivo participar activamente en la investigación y colaborar con los vecinos afectados.
En el escrito presentado ante la Justicia, se sostiene que el derrumbe no solo generó daños a los residentes y propietarios del complejo, sino que también implicó un importante costo para el Estado, que debió movilizar recursos extraordinarios para contener la situación. Entre ellos, se destacó la intervención de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y fuerzas policiales.
El documento también detalla las tareas de asistencia a los damnificados, que incluyeron dispositivos de contención y alojamiento transitorio para las familias que debieron ser evacuadas, además de la coordinación de cortes de servicios, restricciones de circulación y clausuras preventivas en la zona para evitar nuevos riesgos.
La causa tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici. Al presentarse como querellante, la Ciudad busca acceder al expediente, aportar pruebas y avanzar en el esclarecimiento de las causas que provocaron el colapso de la estructura de estacionamiento.
“Este hecho configura una afectación actual sobre los servicios y funciones institucionales que excede la mera repercusión general”, señala el escrito oficial, que además remarca que el Gobierno porteño se considera víctima directa por el uso de recursos públicos destinados a la emergencia.
El avance judicial se da en paralelo a los reclamos de los vecinos damnificados, que exigen respuestas sobre las responsabilidades detrás del derrumbe y garantías de seguridad en el complejo afectado.
