El oficialismo intenta aprobar primero la baja de la edad de imputabilidad y luego la reforma laboral en una sesión atravesada por una protesta e incidentes en el centro porteño.
Ya entra en la etapa final de la discusión el proyecto de Ley Penal Juvenil que promueve el Gobierno para reducir la edad de imputabilidad en la Argentina de 16 a 14 años. Desde el Gobierno daban por descontada la aprobación en el Senado, luego de la rotunda votación que se dio en Diputados la semana pasada.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la reforma de la normativa vigente —la ley 22.278, sancionada en 1980— responde a la necesidad de adecuar el régimen penal juvenil a los estándares regionales. Argumentan que la Argentina se encuentra por encima de la edad de imputabilidad fijada en la mayoría de los países de América Latina.
Según detallan, en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana la edad está establecida en los 14 años. En tanto, Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la fijan en los 12. En ambos esquemas, señalan, el abordaje de los menores que cometen delitos combina sanciones con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción.
El oficialismo también fundamenta la propuesta en un presunto aumento de delitos cometidos por jóvenes de entre 12 y 15 años, con una participación creciente en hechos graves. A su entender, esta situación alimenta una percepción social de impunidad e injusticia que el área de Seguridad busca revertir. En esa línea se inscribe la reforma, que pretende actualizar un marco legal que lleva más de cuatro décadas sin modificaciones de fondo.
Otro de los argumentos expuestos por el espacio libertario apunta al uso de menores por parte de organizaciones delictivas. Según sostienen, algunas bandas incorporan adolescentes en sus maniobras porque, bajo el régimen actual, no pueden ser procesados penalmente. La reducción de la edad de imputabilidad, afirman, busca desalentar esa práctica.
El texto original del proyecto contemplaba fijar la punibilidad a partir de los 13 años. Sin embargo, durante el tratamiento en Diputados, el oficialismo debió abrir una negociación con bloques dialoguistas para asegurar los votos necesarios. El resultado fue la modificación del artículo central y la elevación del umbral a los 14 años, una cifra que —según sus impulsores— resulta más equilibrada y acorde a la legislación comparada en la región.
Ese cambio permitió sumar el respaldo de fuerzas como el PRO y la UCR, que consideraban que los 14 años representaban un límite más razonable desde el punto de vista jurídico y social. Además, durante el debate en comisiones, especialistas en desarrollo cognitivo y neurología señalaron que, si bien a los 13 años un menor puede comprender la ilicitud de sus actos, los 14 ofrecen un parámetro más sólido para evaluar responsabilidad penal.
En cuanto a las penas previstas, la iniciativa establece un máximo de hasta tres años para delitos menores. Para hechos graves —como homicidios, abusos o secuestros— fija un tope general de 15 años de prisión, que podría extenderse hasta 20 en situaciones excepcionales. El esquema contempla, de todos modos, alternativas como libertad asistida, amonestaciones, tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral.
El enfoque, según el oficialismo, combina sanción con un abordaje socioeducativo orientado a la reinserción. En ese marco también se prevé la posibilidad de instancias de mediación o reparación, siempre que exista consentimiento de la víctima y que las condiciones del caso lo permitan.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de que los menores detenidos compartan espacios con adultos. Para ello, se plantea la creación de centros de detención e institutos especializados, con personal capacitado en niñez, adolescencia y adicciones. Como alternativa, podrían habilitarse sectores diferenciados dentro de unidades penitenciarias, pero bajo estrictos criterios de separación.
De acuerdo con el texto, los nuevos establecimientos deberían priorizar la educación, la atención de la salud y la contención psicológica. En el caso de menores de 15 años involucrados en delitos graves, se contempla la posibilidad de internaciones con fines de resocialización, siempre bajo supervisión judicial.
El financiamiento del régimen constituye otro de los ejes del debate. El Gobierno prevé la incorporación de un capítulo presupuestario específico para su implementación. Según estimaciones oficiales, se destinarían más de 23.700 millones de pesos para la construcción de nuevos centros y la contratación de equipos interdisciplinarios encargados de la supervisión y el acompañamiento de los jóvenes.
Tras las negociaciones que permitieron alcanzar la media sanción en Diputados, el oficialismo apuesta ahora a consolidar un esquema institucional que evite el alojamiento de adolescentes en cárceles comunes y que, al mismo tiempo, responda a las demandas de mayor intervención penal frente a delitos graves cometidos por menores.
El debate en el Senado aparece así como la instancia decisiva para una reforma que reabre una discusión histórica en la Argentina: cómo equilibrar la responsabilidad penal juvenil con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes, en un contexto atravesado por reclamos de seguridad y demandas de actualización normativa.
En la Cámara alta, el Gobierno había conseguido la sanción de la reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, por lo que se dá por descontado que contará nuevamente con el apoyo de aliados.
La presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, adelantó que se respetarán las modificaciones hechas por la Cámara alta. "Fue el compromiso que tomaron en Diputados, así que se va a respetar”, aseguró la ex ministra de Seguridad en una entrevista que brindó este lunes con A24.
El otro tema de la sesión será la modificación del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, y que también tiene la media sanción de Diputados.
Una mañana de alta tensión se vivió este viernes en el centro porteño. Manifestantes de distintas agrupaciones protagonizaron cortes de calles, enfrentamientos con la Policía de la Ciudad y corridas en los alrededores del Obelisco, en el marco de la jornada clave en la que el Senado trata la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno.
La protesta sorprendió a automovilistas y peatones que circulaban por la zona, generó caos vehicular y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad.
El reclamo comenzó temprano, cuando cerca de 200 manifestantes bloquearon distintos accesos en avenidas estratégicas como Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y Avenida de Mayo, uno de los principales corredores de la Ciudad.
El impacto fue inmediato: largas filas de vehículos, transporte público afectado y demoras generalizadas en plena hora pico.
Muchos conductores quedaron atrapados sin poder avanzar, mientras otros debieron buscar rutas alternativas.
Minutos después del inicio del corte, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar con el objetivo de liberar las arterias.
La intervención generó momentos de tensión. Se registraron empujones, forcejeos y corridas entre manifestantes y uniformados, en un clima de creciente conflictividad.
El operativo se vio desbordado por la dispersión de los manifestantes en distintas calles. Según un informe del SAME, un efectivo de 33 años resultó herido durante los disturbios. El agente sufrió golpes y un traumatismo en una rodilla. Fue trasladado al Hospital Militar Central para recibir atención médica.
Posteriormente, otro uniformado también fue derivado al Hospital Ramos Mejía. El estado de ambos es estable.
Tras los primeros incidentes, los manifestantes decidieron avanzar en columnas hacia el Congreso. Dirigentes de la izquierda acompañaron la protesta, entre ellos Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Celeste Fierro.
El objetivo es concentrar la protesta frente al Palacio Legislativo, donde se espera una movilización masiva.