Pese a que la emergencia sanitaria fue decretada con la aprobación de la la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, este jueves Alberto Fernández firmó un DNU profundizando las medidas que abordará el Gobierno de cara a la pandemia de coronavirus.
Según consta en el decreto, tras la declaración de la OMS, la Argentina dispondrá, por el plazo de 1 año (prorrogable), nuevas medidas para frenar el avance del Covid-19.
Entre los 27 artículos del decreto, hay algunos que evidencian cuál presupone el Gobierno que será la magnitud de esta enfermedad en el país. Es por eso que se dispuso "contratar a ex funcionarios o personal jubilado o retirado" y "autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina".
Es más, con miras a un creciente número de pacientes, se autoriza "la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas".
Ante el fuerte desabastecimiento que se registró en otras naciones, el Ejecutivo nacional autoriza "la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia".
Una medida que también se hará extensiva a los denominados "insumos críticos". El Ministerio de Salud y el de Producción "podrán fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos, u otros insumos críticos, definidos" y "adoptar medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento".
En lo que se refiere a los viajeros provenientes de las zonas afectadas, deberán "brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción".
En tanto, asevera que "no podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria".
"En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones" deberán ser denunciados por "los funcionarios o funcionarias, personal de salud", entre otros actores, para que se determine si constituyen una violación a los "artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal".
Además, se impone la "obligación" a la población de "reportar síntomas", de forma inmediata, que sean compatibles con el virus del Covid-19.
Otro de los puntos más relevantes de este decreto es la "suspensión de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las 'zonas afectadas'" durante 30 días", y aclara que podría prorrogarse o abreviarse este lapso dependiendo de "la evolución epidemiológica".
Además, desde el Ejecutivo nacional resaltaron que los Ministerios de Seguridad y del Interior "deberán dar apoyo a las autoridades sanitarias en los puntos de entrada del país" para detectar casos sospechosos y será la cartera de Sabina Frederic la responsable de "disponer las acciones conducentes a fin de dar cumplimiento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia".
Mientras que el Ministerio de Defensa deberá poner "a disposición de quienes deban estar aislados, las unidades habitacionales que tenga disponibles, según las prioridades que establezca la autoridad de aplicación" si es que afectado "no tuviera otra opción de residencia".
Al tiempo que asevera que el "Ministerio del Interior, de conformidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, podrá proceder a la suspensión de la entrega de las visas requeridas".
