El proyecto original había sido aprobado por Diputados en junio y luego modificado por el Senado, por lo que la semana pasada regresó a la Cámara baja para su sanción definitiva con la aceptación de las modificaciones introducidas al texto.
La principal diferencia entre ambas sanciones radica fundamentalmente en el escalonamiento de los beneficios a las empresas según su volumen, ya sean grandes, medianas o pequeñas.
"No se trata de una cuestión discriminatoria sino de administrar recursos escasos, como los fiscales, para que los mismos vayan a los que más los necesitan, y por eso se orientó esa masa de recursos en ese sentido", explicó el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, de Frente de Todos, al inicio del debate.
La diputada del PRO-Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, dijo que en el 2019 "votamos por unanimidad una ley que trabajamos con el sector privado. En lugar de continuar con esta política lo primero que hicieron fue suspenderla, luego mandar un proyecto que reducía los beneficios y luego el Senado termina de cercenar el proyecto".
Su compañera de interbloque, la radical Karina Banfi, resumió: "Nosotros vamos a abstenernos por dos cuestiones: una, para acompañar en solidaridad a nuestros senadores. Pero también, nos abstenemos porque entendemos que la ley es muy mala".