Dólares del colchón: el nuevo conflicto que enfrenta a Milei con Kicillof, en vísperas de las elecciones bonaerenses

En ese clima, este viernes ARCA oficializó los cambios en el Regimen Simplificado de Ganancias con una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Después de las advertencias a los gobernadores que no adhieran perderán de recibir la información sobre facturación y consumos de los contribuyentes en el régimen simplificado de Ganancias, el primero en firmar el convenio con ARCA el jueves fue el mandatario (peronista aliado), de Catamarca, Raúl Jalil.

Otros gobernadores aliados de la Casa Rosada, como el tucumano, Osvaldo Jaldo, ya confirmaron su adhesión. Este viernes, viajó a esa provincia, el ministro de Economía, Luis Caputo y parte de su equipo, para avanzar en las negociaciones.

Según pudo saber A24.com el próximo martes, el resto de los gobernadores convocaron a una cumbre en el CFI para intentar consensuar una postura frente a las presiones del gobierno nacional.

La advertencia del gobierno nacional a las provincias que no adhieran al blanqueo de dólares del colchón

La Casa Rosada había convocado el pasado lunes a una cumbre virtual con todos los gobernadores, para explicar las medidas, pero a la reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el titular de ARCA, Juan Pazo y el vicejefe de Gabinete de interior, Lisandro Catalán, solo se conectaron 17 de los 24 mandatarios provinciales.

Días después, el vocero presidencial, Manuel Adorni dijo que en el marco del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, “ARCA convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información” y advirtió que las provincias que no adhieran al nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, “van a perder el acceso a la información de facturación de personas y empresas, y tampoco podrán estar al tanto de los consumos que superen los nuevos umbrales fijados por ARCA”.

Cabe remarcar que el impuesto a las ganancias que recauda la Nación, es participable a las provincias. Lo que puso a varios gobernadores en pie de guerra con el gobierno de Milei.

Adorni apuntó directamente contra la provincia de Buenos Aires, y en una nueva embestida dijo que el gobernador Axel Kicillof “pretende mantener el régimen persecutorio porque le sirve para despilfarrar los recursos de los bonaerenses” mientras “financia programas estatales de dudosa utilidad como ´Mar Para Todas´, ´Masculinidades por la igualdad´ o ´Ciencia sin estereotipos´”.

El enojo del gobierno nacional se produjo en medio de duros cruces entre los titulares de ARCA, Juan Pazo que calificó de "soviético" al gobernador bonaerense y no tardó en recibir la respuesta del titular del ente recaudador de la provincia, ARBA, Cristian Girard.

El funcionario de kicillof anticipó que no adhiere a la medida del gobierno por considerar que no cumple requisitos de seguridad jurídica para los argentinos que usen para consumo o depósitos en los bancos, los dólares del colchón, ya que sin modificaciones a la actual ley penal tributaria, los gobiernos pueden investigarlos y sancionar a los evasores incluso después de 5 años.

Algo de eso había admitido el ministro de Economía, Luis Caputo, ante la pregunta de A24.com en la conferencia en la que formuló el anuncio la semana pasada en Casa Rosada, por lo que prometió "blindar a los ahorristas enviando al congreso un proyecto para modificar la ley penal tributaria".

Tampoco definieron sus posturas el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, que mantiene duros cruces con el presidente Javier Milei y su entorno no solo por la deuda de coparticipación de Nación, sino por la interna entre el PRO y La Libertad Avanza, el partido del gobierno nacional, de cara a las elecciones legislativas.

Y en igual indefinición se ubican por ahora los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) y los del peronismo crítico de La Rioja, Ricardo Quintela, de La Pampa, Sergio Ziliotto y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Tras esa fallida cumbre, el gobierno anunció este jueves a través de Adorni, que va a convocar a uno por uno de los gobernadores, para intimarlos a que adhieran, y a los que no lo hagan, advirtió que sufrirán las consecuencias políticas y económicas de esa decisión.