El decreto que limita el traspaso de nuevos trabajadores a obras sociales generó ruidos en el Congreso. Diputados y senadores de la oposición de distintos bloques salieron a cuestionar la medida.
La oposición en el Congreso criticó el decreto de las obras sociales
El decreto que limita el traspaso de nuevos trabajadores a obras sociales generó ruidos en el Congreso. Diputados y senadores de la oposición de distintos bloques salieron a cuestionar la medida.
La diputada Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) afirmó: "No tengo dudas que se trata de un pacto entre Alberto Fernández y los sindicatos que están preocupados por la reforma del sistema de salud que quiere implementar CFK". "Se refuerza la alianza de parte del kirchnerismo con el sindicalismo y se premia a las obras sociales que no dan servicio en detrimento de los trabajadores que hacen sus aportes como corresponde", dijo la exministra de Salud.
Por fuera de Juntos por el Cambio habló el diputado José Luis Ramón, que habitualmente funciona como aliado al oficialismo:"Va en contra de todo, no una justificación. Y viola el derecho constitucional a elegir del consumidor. Es lo mismo que cuando te obligan a estar en determinado banco. Esto solo perjudica al consumidor y la única explicación es el negocio forzado de un grupo de empresas con poder de lobby", sostuvo. Aseguró que el decreto es inconstitucional.
La senadora neuquina Lucila Crexell también criticó la medida: "Resulta lógico y justo que un trabajador tenga el derecho a opción como consagra el régimen general de obras sociales. Lo contrario además involucra una clara vulneración del principio de igualdad consagrado en la Constitución nacional en su artículo 16 y también del propio artículo 14 que consagra, entre otras cosas, el derecho al salario con todos los alcances que prevé esa norma". Crexell es autora de dos proyectos para que todos los beneficiaros de obras sociales puedan ejercer el derecho a la libre opción.
Un poco más allá fue el diputado del PRO Waldo Wolff: "Es un claro cercenamiento a la libertad en haras del control de las cajas y del manejo de una variable tan importante como el destino de los fondos. Es lo que viene haciendo este gobierno apoyando a Venezuela, a Nicaragua o la situación en Formosa. La libertad no es un derecho sino algo que hay que mendigar y el Gobierno administra como quiere vulnerando derechos que la Constitución consagra".
