“Fueron malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”, criticó Bullrich, que agregó: “En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas”.
Además, expuso que en la ctualidad “el SPF, que sostienen económicamente todos los argentinos, aloja 11.500 internos y 6000 son presos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $156.639.750.000″.
“Es decir, por ejemplo, que un ciudadano de la provincia de Santa Fe paga por el Servicio Penitenciario Federal y por el Servicio Penitenciario Provincial, y por la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no hacerse cargo de sus presos también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la CABA”, cuestionó.
Bullrich contra la "información falsa"
En la parte final de la carta, Bullrich se quejó de la presentación de hábeas corpus que se hicieron la semana pasada para intimar al SPF a recibir más presos porteños. “En los últimos días se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de hábeas corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal, hecho que es materialmente imposible por la falta de las plazas necesarias precisamente por el incumplimiento de la Ciudad en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz”.
Luego se refirió a la última presentación que se hizo y que obliga al SPF a recibir más presos, tras un primer revés judicial en el fuero federal: “Frente al rechazo de esta primera acción, de forma inmediata y maliciosa se interpuso otra con el mismo objetivo, pero ahora se eligió a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Este nuevo planteo fue resuelto de un modo vergonzoso, sin siquiera citar al Servicio Penitenciario Federal para que exprese las razones de la imposibilidad de recibir más presos de los que a diario recibe. Esta aberración jurídica, por haberse violado las más elementales reglas del debido proceso, fue inmediatamente apelada por el Servicio Penitenciario Federal y no está firme”.
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Sin nombrarlo, Bullrich apunta contra su par porteño, Waldo Wolff, al asegurar: “En el medio de una negociación política para la transferencia de las competencias que le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades de su gobierno, mediante distintos mecanismos, dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar”.
La misiva de la ministra nacional, cierra con un pedido y una advertencia: “Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta. Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales. Esperamos que [usted] en su carácter de jefe de Gobierno y las demás autoridades políticas de la Ciudad se hagan cargo de las responsabilidades que les corresponden para asegurar la seguridad pública de los porteños, que cumplan con el mandato que les otorga su propia Constitución, que retomen la buena fe en las negociaciones y que alivien la situación económica del resto de los argentinos que con sus impuestos mantienen a los internos que cometen delitos en la ciudad”.