La iniciativa se trataría esta semana en la Cámara de Diputados y podría volver al Senado con cambios. Gremios estatales confirmaron adhesión a la huelga y el transporte anticipó paralización total por 24 horas.
El oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados busca firmar dictamen el miércoles para debatir la reforma laboral el jueves en el recinto, y ante ese escenario la CGT convocará a un paro nacional con adhesión de gremios estatales. Ante la medida sindical, el Gobierno advirtió que descontará el día a los empleados públicos que no se presenten a trabajar o no cumplan funciones durante la jornada.
Así lo consignó Infobae por fuentes de la Casa Rosada que remarcaron que se aplicará el mismo criterio que en huelgas anteriores. Se trata de una medida que el Gobierno adoptó en los anteriores paros nacionales convocados por la central obrera.
La diferencia que habrá respecto a la tercera y última movilización convocada en abril del 2025 es que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis. Es decir, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza.
En el plano gremial, la Unión Personal Civil de la Nación, encabezada por Andrés Rodríguez, confirmó adhesión al paro pero no a la movilización. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó que marchará frente al Congreso el mismo día en que se trate la reforma laboral, previsto para el jueves salvo cambios de último momento.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, justificó la protesta con movilización al afirmar que buscan sostener presión social durante el debate parlamentario y evitar que la discusión avance sin manifestaciones en la calle. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta
El dirigente cuestionó el trámite legislativo y, al referirse a la votación en la Cámara alta, ironizó que durante ese proceso “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.
Desde la central obrera, Rodríguez defendió la medida de fuerza prevista para el día del debate y sostuvo que “el principal motivo” es que el proyecto “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.
El detonante del conflicto fue la controversia generada por el artículo que reducía el régimen de licencias médicas. Tras la repercusión pública, el oficialismo aceptó modificar ese punto y prevé anunciar los cambios en la reunión de comisiones. El plan legislativo contempla aprobar la iniciativa con ajustes y devolverla luego al Senado, donde el oficialismo aspira a sancionarla la semana próxima.
En el Gobierno consideran que la corrección sobre licencias podría restarle fuerza al paro, aunque reconocen que el debate instaló en la agenda otros aspectos de la llamada modernización laboral que antes tenían menor visibilidad. Rodríguez señaló que aún hay artículos “muy importantes para modificar”, entre ellos la ultraactividad de convenios, la posibilidad de que acuerdos por empresa prevalezcan sobre los de actividad y la exigencia de autorización previa para realizar asambleas en lugares de trabajo.
El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que el transporte se paralizará por 24 horas y adelantó que la CGT formalizará la convocatoria en una conferencia de prensa.
El escenario también expone tensiones dentro del sindicalismo. El titular de la seccional Córdoba de la UOM, Rubén Urbano, calificó de “bastante tibios” a sectores de la CGT por no impulsar una huelga con movilización masiva y advirtió que el debate actual no se limita a un reclamo salarial, sino que pone en discusión el alcance de derechos laborales vigentes.
