En la misma línea, remarcó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía” y sostuvo que nadie puede disponer de los recursos naturales ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes sin autorización del país.
El foco en el proyecto Sea Lion
La decisión forma parte del conjunto de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para enfrentar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por compañías que operan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas, cuya jurisdicción no es reconocida por la Argentina.
En ese marco, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a esas actividades. Entre ellas figuran Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas por desarrollar operaciones bajo permisos considerados ilegítimos por el Gobierno argentino.
Nuevas medidas sobre Malvinas
La ampliación de los sumarios fue definida luego de una reunión de la mesa política del Gobierno, en la que también se resolvió avanzar con nuevas iniciativas vinculadas a la cuestión Malvinas.
El canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a esas actividades. Entre ellas figuran Navitas Petroleum Development & Production Ltd. (Foto: archivo)
Entre ellas figura el envío a la Cámara de Diputados de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, prevista para la próxima semana. El proyecto busca endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para empresas y proveedores que operen en las islas sin autorización argentina.
La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional integrado por áreas vinculadas a la política exterior, la defensa, la inteligencia y la economía. Según la propuesta oficial, ese organismo tendrá herramientas para coordinar respuestas diplomáticas y económicas frente a acciones que el Gobierno considere una amenaza para los intereses soberanos del país.
Además, el Ejecutivo ratificó su intención de avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, una de las obras estratégicas incluidas dentro de la nueva política oficial sobre el Atlántico Sur.