La presentación fue realizada por Pablo Quirno y Sebastián Amerio y quedó radicada en el juzgado federal 12 de Comodoro Py. La Casa Rosada acusa a las compañías de operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.
El Gobierno denuncia penalmente a Navitas y otras cuatro empresas por operar en las Islas Malvinas
El Gobierno nacional profundizó su ofensiva por la soberanía sobre las Islas Malvinas y llevó a la Justicia la disputa por la explotación de hidrocarburos en la zona. El Ejecutivo presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades petroleras en la Cuenca Malvinas Norte y pidió investigar tanto a las sociedades como a quienes hayan intervenido en las operaciones.
La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y quedó radicada, tras el sorteo correspondiente, en el Juzgado Federal N°12 de Comodoro Py, subrogado por el juez Julián Ercolini.
La acción judicial apunta a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan bajo licencias otorgadas unilateralmente por autoridades británicas, que la Argentina considera ilegales.
La denuncia alcanza a cinco sociedades vinculadas con la actividad petrolera en el área:
El Gobierno sostiene que estas compañías participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con la autorización del Estado argentino.
La presentación también busca determinar la responsabilidad que podrían tener accionistas, directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes y otras personas que hayan intervenido en las operaciones investigadas.
El eje de la presentación judicial está puesto en la presunta violación de la Ley 26.659, que establece el régimen aplicable a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Según el planteo oficial, la realización de estas actividades sin autorización argentina afecta los derechos soberanos del país sobre los recursos naturales de la zona.
Además, el Gobierno solicitó medidas de carácter preventivo y pidió avanzar en la cooperación con organismos internacionales para obtener información que permita reconstruir el entramado societario y conocer en detalle cómo se desarrollaron las operaciones.
Ahora será la Justicia federal la que deberá analizar la denuncia y determinar las eventuales responsabilidades penales.
Uno de los principales proyectos relacionados con esta disputa es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La petrolera Navitas Petroleum posee una participación mayoritaria y es la operadora del proyecto, mientras que Rockhopper Exploration tiene el porcentaje restante. Sin embargo, esta última compañía no figura entre las cinco sociedades denunciadas por el Gobierno en esta presentación.
La ofensiva judicial se produce mientras la Casa Rosada busca reforzar su estrategia sobre Malvinas y cuestionar las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en el área bajo autorización británica.
La denuncia penal forma parte de un esquema más amplio que el Gobierno viene delineando alrededor de la cuestión Malvinas.
En paralelo, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice en el Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y otros proyectos considerados estratégicos.
La intención es incorporar esas iniciativas al proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso el próximo 15 de septiembre, con el objetivo de fortalecer las capacidades vinculadas con la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.
