En la Casa Rosada, apuestan a que "nadie, ni el Congreso, ni la Justicia, se animarán a voltear el DNU, porque no lo hicieron con ningún otro DNU" desde el regreso de la democracia en 1983.
Por eso, la estrategia del Gobierno en el Congreso es exponer a los opositores a que pondrían en riesgo la gobernabilidad de los primeros 100 días de un Gobierno que todavía conserva la legitimidad de origen, que atribuye al 56 % de los votos que obtuvo Milei en el balotaje.
"Nunca votaron en contra de un DNU, ¿por qué lo harían ahora? ¿Se van a oponer al 56% de la gente que votó este plan?, se preguntan en una de las oficinas cercanas a uno de los ministros preferidos de Milei, que tiene a su cargo analizar, entre otras cosas, la situación patrimonial, financiera, edilicia y de planta de empleados, que tiene cada uno de los 9 ministerios, sus respectivas secretarías, subsecretarías, direcciones y coordinaciones y cada una de las empresas y organismos del Estado.
"El plan es compactar el monstruo que hoy es el Estado", señalan en el Gobierno en un relato que a diario intenta sostener el vocero Manuel Adorni mientras la jefatura de gabinete y sus nuevos funcionarios hacer un trabajo de hormiga en búsqueda del organigrama final.
En ese estado de situación están hoy las más de 40 empresas del Estado que comenzarán con el proceso de "saneamiento" para la transformación en Sociedades Anónimas, previo a la decisión sobre su destino final:
El Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas, Conicet, ARSAT, y los Medios Públicos, solo por mencionar algunos de los casos que ya están siendo auditados.
Posse ordenó este martes, a través de un decreto, que todos los ministerios y organismos públicos completen una planilla con sus datos para determinar la cantidad real de empleados y sus funciones.
Dicen que en muchos casos, se superponen funciones entre agentes de distintas áreas y organismos púbicos. En esos casos, serían directamente eliminadas las áreas duplicadas y sus empleados reubicados o despedidos si se trata de cargos políticos. Ahora Milei apunta a la eliminación del 50% de las subsecretarías, direcciones y coordinaciones que quedaron remanentes.
Más adelante, si queda firme el DNU, avanzará sobre las empresas y organismos descentralizados. Aunque para su cierre o privatización no tiene fecha cierta: será "analizado caso por caso" y dependerá de las normas que rigen cada caso, enviarlas para su evaluación al Congreso, para evitar una ola de juicios, denuncias y protestas sociales.
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Para defender el ajuste, el Gobierno aclaró varias veces que no plantea despidos masivos de empleados de planta permanente, sino que apunta a eliminar los cargos políticos o ñoquis.
El Gobierno dice contar con encuestas que avalarían el paquete de reformas, pese al temor creciente a que la erosión de ingresos que genera la inflación potenciada por la liberalización de precios y eliminación de subsidios, profundice la crisis social en los próximos meses.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos empleados tiene hoy el Estado nacional. Ese es el objetivo de las auditorías que ordenó el Gobierno, que espera presentar un mega informe del Estado, posiblemente, cuando Milei inaugure las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo.
Desde la SIGEN, se pusieron 30 días de plazo para terminar la auditoría del Estado nacional, lo que sería aproximadamente alrededor del 15 de febrero, y a partir de allí los anuncios del mayor ajuste del Estado que se conozca en décadas, si es que Milei logra sostener la legalidad y la constitucionalidad del DNU ante el Congreso o la justicia.
Las medidas que ya anunciaron para "sanear el Estado"
El ajuste empezó por los cargos políticos y contratados. Milei cortó el uso de autos, celulares, servicios de bar y viáticos en los ministerios.
El primer ajuste se vio en la eliminación de la mitad de ministerios que había dejado Alberto Fernández, muchos de los cuales, pasaron a ser meras secretarias bajo el ala de otros ministerios que los absorbieron.
Algunos ejemplos de los gastos que Milei ajustó a un mes de asumir:
-Baja de más de 5000 empleados contratados en el gobierno de Alberto Fernández antes de irse en 2023.
-Eliminación de horas extras por $54.000 millones (componen más de la mitad de fondos destinados a sueldos de estatales)
-Saneamiento de las 41 empresas públicas como paso previo a la privatización
-Venta de inmuebles en desuso del Estado
-Reducción de la planta automotor del Estado
-Saneamiento de los fondos fiduciarios por US$7.000 millones
-Simplificación de trámites en AFIP, ANSES, PAMI
Luis Caputo y Nicolás Posse se reunieron con el FMI: "La reunión fue positiva"
Luis Caputo y Nicolás Posse se reunieron con el FMI: "La reunión fue positiva". (Foto: X)
Esos ajustes quedaron a cargo de la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, un funcionario de muy bajo perfil, "ejecutivo" y que le esquiva entrar en los debates políticos.
Pese a las críticas de la oposición que este martes reclamaba su presencia en las comisiones del Congreso para explicar la mega ley ómnibus, en la Casa Rosada señalaron que Posse decidió no acudir y se reserva para ir a brindar sus informes mensuales después de la apertura de sesiones ordinarias que hará el presidente Milei, ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo.
Antes, Posse quiere tener el informe del Estado, para que Milei muestre la herencia que recibió y el achique en que quedará el gasto público. Para eso, espera tener las auditorías terminadas alrededor del 15 de febrero.
