La designación de nuevas autoridades se interpretó como "la consolidación del control sobre Telefónica, en abierto desafío a la orden de la Secretaría de Comercio e Industria". Ante esta situación, "varias empresas que se oponen a la concentración del mercado intervinieron y solicitaron a la Secretaría que suspendiera la Asamblea para impedir la concreción de la operación en cuestión".
Durante la Asamblea, inspectores de la Inspección General de Justicia y funcionarios de la Secretaría de Comercio e Industria se hicieron presentes y notificaron a Telefónica sobre la obligación de cancelar el encuentro, en cumplimiento de la orden que exige mantener la independencia operativa entre ambas compañías.
Qué había dicho el gobierno sobre la fusión de Telecom y Telefónica
El 21 de marzo, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, suspendió la compra de Telefónica por parte de Telecom. Lo informó la Oficina del Presidente que fundamentó la decisión en base a una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en la cual se asegura que la fusión de "ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado".
"En este sentido, la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil; 69% para la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país la concentración podría llegar al 80%", argumentó el comunicado difundido por la Oficina del Presidente.
Además, enfatizó que "el proceso de evaluación de los efectos de la adquisición notificada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia exige el máximo rigor, respetando la normativa aplicable y los estándares internacionales, en atención a la relevancia que tienen las telecomunicaciones en el mundo actual".
Bajo esos fundamentos, el Gobierno informó que "se ha tomado la decisión de resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada".
"A través de la medida, el Gobierno Nacional cumple con su obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados", destacaron.