Justicia

Clases presenciales: la Corte Suprema rechazó que intervenga Kicillof y se alargaron los plazos

El máximo tribunal le dio 72 horas a la Procuración General para que opine sobre la constitucionalidad del decreto presidencial.
28 de abril de 2021 - 07:54
La Corte le dio traslado a la Ciudad de Buenos Aires

La Corte le dio traslado a la Ciudad de Buenos Aires, por 48 horas, de toda la documentación que presentó el Estado nacional en su última presentación (Foto: archivo).

La Corte Suprema rechazó citar a la provincia de Buenos Aires en la demanda que presentó el gobierno de la Ciudad contra la suspensión de las clases presenciales, tal como había propuesto la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. Además, le dio un plazo de 72 horas a la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, para que opine sobre la constitucionalidad del decreto presidencial.

En la misma resolución, la Corte le dio traslado a la Ciudad de Buenos Aires, por 48 horas, de toda la documentación que presentó el Estado nacional en su última presentación. De esta manera, los jueces no se reunirán para tomar una decisión antes de la semana próxima, lo que vuelve la situación extraña, ya que en verdad el DNU rige hasta el viernes.

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El lunes a la noche, el Gobierno presentó sus argumentos ante la Corte Suprema para defender la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y validar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Alberto Fernández en el territorio de la Ciudad, administrada por Horacio Rodríguez Larreta.

La presentación la realizó Zannini. El documento de más de 100 páginas intentaba rebatir la justificación del procurador porteño Gabriel Astarloa, en representación del gobierno porteño, de proseguir con la presencialidad en la Ciudad no sólo por su autonomía -argumenta que el decreto es "anticonstitucional" y "arbitrario"-, sino también por daño que le genera a los niños.

"Es evidente que la protección de la salud pública y de la vida justifica la limitación del derecho a circular", indicó el equipo de Zannini en el escrito. "La restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas; así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases".