La Corte Suprema rechazó citar a la provincia de Buenos Aires en la demanda que presentó el gobierno de la Ciudad contra la suspensión de las clases presenciales, tal como había propuesto la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. Además, le dio un plazo de 72 horas a la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, para que opine sobre la constitucionalidad del decreto presidencial.











