Habrá una nueva movilización piquetera este jueves 16 de junio.
El gobierno nacional descubrió que unos 40.000 planes sociales fueron otorgados a beneficiarios con irregularidades administrativas relacionadas a "incompatibilidades" que duplicaban beneficios incompatibles entre sí, y en ese marco, confirmó que los dará de baja y obligará a sus beneficiarios a elegir entre uno u otro programa.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta, confirmaron a A24.com que desde diciembre del año pasado se inició un proceso de ordenamiento del programa Potenciar Trabajo, que comenzó con la habilitación de un mecanismo para que las personas puedan solicitar el cambio de Unidad de Gestión.
En agosto, en medio del escándalo público por el acampe de organizaciones sociales de izquierda que colapsó por varias semanas las calles del macrocentro porteño, beneficiarios denunciaron que dirigentes piqueteros se quedaban con un porcentaje del subsidio y les ponían como condición marchar a cambio de mantener los planes.
La polémica terminó con un duro discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner y una velada crítica que potenció la interna en el Frente de Todos y alcanzó a dirigentes de movimientos sociales alineados al propio Gobierno y al presidente Alberto Fernández.
Al escándalo se sumó la polémica por las declaraciones de una mujer que recibía un plan, criticaba a los que trabajan y defendía los beneficios del Estado sin ninguna contraprestación. El caso terminó con el anuncio de las auditorías y la beneficiaria fue obligada a cumplir una labor a cambio del subsidio. De lo contrario, debía renunciar al mismo.
Después de las críticas formuladas, Zabaleta anunció que su ministerio empezó a trabajar en un plan para transformar planes sociales en trabajo, mediante convenios firmados con gremios y empresas del sector privado que incorporen a beneficiarios al mercado laboral formal, con el Estado nacional subsidiando una parte de los salarios por un año.
El ministro lanzó además un proceso de auditorías y relevamiento de información de las personas que tienen Potenciar Trabajo, que incluyó la firma de convenios con universidades públicas nacionales para que estudiantes colaboren en el análisis.
Esas auditorías, como había anticipado A24.com, consistieron en un seguimiento sobre si cada beneficiario y cada unidad de gestión -administrada en algunos casos por organizaciones piqueteras y en otros por municipios- cumplían con la contraprestación laboral o de capacitación educativa que es obligatoria para poder recibir los beneficios de $16.000 mensuales.
En ese proceso de ordenar los programas, informaron fuentes del ministerio de Desarrollo Social a este portal, "se observó que existía una incompatibilidad entre el programa Progresar y el Potenciar Trabajo, y se suspendió a quienes presentaban esa incompatibilidad".
La medida, que alcanza a unos 40.000 beneficiarios que ahora deberán elegir entre uno solo de los programas, amenaza ahora en transformarse en una nueva crisis interna entre el Gobierno y los movimientos sociales aliados ante el dilema que enfrenta el peronismo para contener la crisis.
Progresar es un programa de becas del Estado que tiene por objetivo "acompañar a los y las jóvenes para que finalicen sus estudios primarios o secundarios, que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente. El propósito es orientar la acción estatal en el sentido de las necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso", señala el ministerio de Educación nacional, área de la cual depende el programa.
El programa Potenciar Trabajo depende del Ministerio de Desarrollo Social y el objetivo es mejorar las posibilidades de empleo y generar nuevas propuestas productivas para personas que están en situación de alta vulnerabilidad social y económica. Se ejecuta mediante convenios con la ANSES, el ministerio de Trabajo, cooperativas coordinadas por los movimientos y organizaciones sociales, municipios, universidades, gremios y empresas del sector público y privado.