El decreto redefine el sistema de inteligencia nacional, centraliza el control en la Secretaría de Inteligencia de Estado y habilita nuevas atribuciones operativas.
El Gobierno avanzó con un decreto de necesidad y urgencia que se publicará en los próximos días y que introduce una reforma de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. La norma redefine el esquema del sistema de inteligencia, refuerza la centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplía las facultades operativas de los organismos del sector.
El DNU fija como principio general que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter “encubierto”, al considerar que su naturaleza sensible implica un potencial “riesgo estratégico nacional”. Esa definición atraviesa todo el nuevo marco normativo y modifica el enfoque con el que venía funcionando el sistema.
Entre las nuevas atribuciones, el personal de inteligencia quedará habilitado a "aprehender" personas en casos de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse mediante orden judicial.
La norma dispone además la transformación de la actual Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, cuyo eje estará puesto en la prevención del espionaje, el sabotaje, la injerencia extranjera y las operaciones de influencia que puedan comprometer el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las tareas de contrainteligencia deberán extenderse a todo el sector público nacional.
En el plano digital, el decreto establece una división formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para ello, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y quedará bajo la órbita de la SIDE, con un enfoque exclusivo en inteligencia en el ciberespacio.
Otra de las modificaciones centrales es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de la entrada en vigencia del DNU, la inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el argumento de reducir superposiciones y simplificar la estructura operativa.
El decreto también refuerza el rol de la SIDE, que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional. Entre sus nuevas competencias se incluye la aprobación y el control de los presupuestos del área, incluidos los gastos reservados, y la posibilidad de requerir información a organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como parte de la reorganización, el DNU crea dos espacios de articulación. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, que incorpora a áreas como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y organismos vinculados a la energía, lo nuclear y el sector espacial, con el objetivo de aportar información relevante para la producción de inteligencia.
Uno de los aspectos que introduje la reforma es la habilitación expresa al personal de inteligencia para proteger instalaciones y operaciones, repeler agresiones y, ante situaciones de flagrancia, aprehender personas, con comunicación inmediata a las fuerzas de seguridad.
El decreto ya se encuentra vigente y deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, en un escenario de discusión política por el alcance de las nuevas facultades y el uso del DNU para modificar una ley considerada clave.
