El presidente Javier Milei rechazó la norma que buscaba crear un fondo especial de $200.000 millones para las zonas afectadas.
El Gobierno vetó en su totalidad la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca
El Gobierno nacional vetó por completo la ley 27.790, que declaraba la emergencia por inundaciones en la provincia de Buenos Aires, en particular en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, donde el temporal de marzo causó graves daños. La norma, que había sido aprobada por el Congreso el 4 de junio, quedará sin efecto tras la publicación del Decreto 424/2025, difundido esta madrugada en el Boletín Oficial.
La decisión, refrendada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones, que iba a destinarse a tareas de asistencia, reconstrucción, exenciones impositivas, suspensión de obligaciones contractuales y créditos blandos.
El Gobierno argumentó que la ley creaba un fondo de $200.000 millones para reconstruir Bahía Blanca, pero que con el decreto publicado previo a la sanción de la norma “se creó un fondo especial de asistencia directa por la suma de $200.000.000.000 destinado a otorgar un subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones acaecidas el 7 de marzo de 2025 en la Ciudad de Bahía Blanca, el cual actualmente es gestionado y administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, en su carácter de Autoridad de Aplicación”.
El texto cuestionó que la ley que vetó “no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán".
Según el Poder Ejecutivo, el veto se justifica porque las medidas ya fueron implementadas mediante el Decreto 238/25, que creó el programa S.U.R. (Suplemento Único para la Reconstrucción) y un fondo especial de $200.000 millones gestionado por el Ministerio de Seguridad. El Ejecutivo informó que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.
Además, se argumentó que el proyecto no especificaba la fuente de financiamiento, algo exigido por la Ley de Administración Financiera 24.156. “No indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen”, subraya el decreto presidencial.
En paralelo, el Ejecutivo recordó que parte de los recursos utilizados provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya aprobado para casos de catástrofe.
Respecto a los créditos preferenciales previstos en la ley sancionada por el Congreso, el Gobierno consideró innecesaria su incorporación, al sostener que el Banco Nación ya tiene facultades legales para asistir financieramente a familias y empresas en contextos de emergencia.
Con el veto total, el proyecto regresa al Congreso, pero no podrá convertirse en ley a menos que ambas cámaras lo aprueben nuevamente con mayoría especial. Por el momento, queda archivado y sin efecto, dejando a los damnificados sin la red de asistencia económica que contemplaba la norma original.
La decisión reaviva tensiones con intendentes, legisladores y sectores productivos del sur bonaerense, que esperaban medidas adicionales para enfrentar las consecuencias del desastre climático.
