Alejandro Patricio Maraniello enfrenta acusaciones de hostigamiento, maltrato y abuso contra empleadas de su juzgado. La Comisión de Disciplina analiza sanciones, mientras la Justicia investiga posibles delitos de acción pública.
El juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, que ordenó frenar la difusión de los supuestos audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada, acumula un total de ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura. Cinco de esos expedientes corresponden a acusaciones de acoso sexual y maltrato contra empleadas de su propio juzgado.
La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró en septiembre de 2024 que se dispusiera una consigna policial durante el horario laboral para resguardar a quienes trabajan con el magistrado.
Maraniello ya fue formalmente notificado de los cargos, conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina, presidida por el consejero César Grau. Esa notificación, cursada el 19 de agosto, le otorga un plazo de 20 días para ejercer su defensa por escrito, designar abogado y presentar pruebas. El juez niega, por su parte, todas las acusaciones y sostiene que se trata de denuncias falsas.
A diferencia de la Comisión de Acusación, que puede abrir el camino hacia un juicio político, la de Disciplina evalúa sanciones menores, como descuentos salariales. Sin embargo, la gravedad de los testimonios podría derivar en una revisión más profunda.
Uno de los casos más fuertes fue relatado por una joven que, a menos de una semana de entrar a trabajar, dijo haber sido presionada para salir con Maraniello fuera del ámbito laboral. Según su denuncia, durante ese encuentro sufrió tocamientos y besos no consentidos, y más tarde se sintió obligada a mantener relaciones sexuales para frenar el hostigamiento.
Otra agente judicial declaró haber recibido mensajes en redes sociales, comentarios inapropiados sobre su vestimenta y acercamientos físicos indeseados. Contó que al no ceder a los pedidos, padeció maltratos en el trabajo. La mujer terminó bajo medicación y con ideas suicidas, hasta que denunció en la Unidad de Bienestar Laboral. La fiscal especializada en violencia de género, Mariana Labozzetta, entendió que podía tratarse de delitos de acción pública y remitió el caso a la jueza María Servini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
En total, los ocho expedientes reúnen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y abuso sexual, maltrato, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de reglamentos internos. Muchos de los legajos provienen de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y de la Oficina de Bienestar, que enviaron actuaciones a la Comisión de Disciplina. La documentación está en anexos reservados y no es de acceso público.
El sindicato judicial denunció que cada nueva entrevista con empleados actuales o pasados del juzgado de Maraniello destapa más situaciones de hostigamiento. Resaltó además la vulnerabilidad de las víctimas, en algunos casos jóvenes trabajadoras interinas, con fuerte dependencia del empleo y sin respaldo económico.
Mientras tanto, el propio juez mantiene activa una página web personal, en la que exhibe premios, publicaciones y un currículum académico que incluye más de veinte libros y la presidencia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
