El Gobierno presentó una “denuncia penal” por la filtración de audios de Karina Milei y del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. “Un ataque ilegal, planificado y dirigido” y con “influencia extranjera” para “desestabilizar al gobierno”, dijo Adorni. La justicia ordenó frenar la difusión de audios.
El Gobierno presentó una denuncia judicial por la grabación de conversaciones en Casa Rosada y el escandalo de los audios de las coimas de Diego Spagnuolo. Foto: Achivo.
A menos de una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, el gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
Según informó en un mensaje posteado en la red social X, Adorni dijo este lunes que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.
“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, denunció el funcionario de Javier Milei, sobre los audios que difundieron medios de comunicación con la voz de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei la semana pasada, en una supuesta reunión realizada en la Casa Rosada.
Según pudo saber A24.com la denuncia del Gobierno fue presentada este lunes 1 de septiembre, y cayó por sorteo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 12, que será subrogado por el juez federal Julián Ercolini a cargo del juzgado federal 10, bajo el expediente CFP 3604/2025.
Titulado: “Denuncia contra la operación de espionaje ilegal e influencia extranjera”, el escrito del gobierno, presentado a través del abogado Fernando Oscar Soto, del Ministerio de Seguridad nacional.
Sin embargo, la decisión de presentar la denuncia se terminó de definir, según pudo comprobar A24.com, en una reunión este lunes en Casa Rosada, en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo con el Procurador General de la Nación, Santiago Castro Videla.
Los 10 puntos de la denuncia del gobierno:
La denuncia penal presentada por el gobierno pide además allanar el canal de streaming Carnaval, que difundió los audios de Karina Milei y los domicilios de su propietario, Pablo Toviggino, de los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico, entre otros de los que intervinieron en la difusión de los audios, y pidió como “medida de prueba la incautación de dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives y documentación vinculada a las maniobras descriptas para determinar quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos”.
El Gobierno también le pide a la justicia “investigar el rol que tuvieron de la diputada nacional Marcela Pagano y su pareja Franco Bindi en las presuntas escuchas ilegales que, según el gobierno, “ponen en peligro la democracia” y el normal desarrollo del proceso electoral.
En tanto, según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la presentación de la denuncia del Gobierno, “la justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”.
El vocero de Milei difundió además una resolución del juez Federal en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 5. de la Ciudad de Buenos Aires, Patricio Marianello.
La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una “violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, dijo Adorni.
Marianello, según confirmó el vocero del Gobierno, dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado en un canal de streaming Carnaval, el pasado 29 de agosto.
La resolución, que difundió el vocero presidencial, ordena el cese de la difusión “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, señala el vocero del Gobierno al justificar la medida cautelar que prohíbe difundir nuevos audios o videos que vinculen a funcionarios en el escándalo de las supuestas coimas que son investigadas en otra causa por el juez Sebastián Casanello.
Se refiere a un audio con la voz atribuida a la secretaria General de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, hablando en una reunión privada supuestamente realizada en la Casa Rosada, en la que pedía “unidad” en el Gobierno, frente a las supuestas internas políticas destapadas en plena campaña electoral, y que prometían seguir difundiendo más audios de una duración de 50 minutos.
La denuncia del gobierno alcanza también a los audios que se habían filtrado antes y que derivaron en la decisión de Javier Milei de expulsar del Gobierno al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En ellos que el exfuncionario involucraba a Karina Milei y a su subsecretario de Gestión institucional, Eduardo Lule Menem, en una red de cobro de coimas para la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.
La novedad en la denuncia del gobierno es que, además, incluye en la hipótesis de la intervención de servicios de inteligencia rusos y chavistas que ahora deberá investigar el juzgado a cargo de Ercolini, un juez que tuvo antecedentes en investigar casos de corrupción en los anteriores gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y en la causa pr violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.
