El escrito involucra a periodistas, el tesorero de la AFA, un abogado ligado a La Libertad Avanza y hasta a un supuesto grupo de espías rusos, aunque no aporta pruebas concretas del vínculo.
Franco Bindi, Jorge Rial y Pablo Toviggino, señalados por el Gobierno (Foto: A24.com).
El Gobierno formalizó este lunes una denuncia por presunto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a raíz de la difusión de audios grabados en una reunión privada en Casa Rosada el año pasado. La presentación, realizada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich en los tribunales de Comodoro Py, apunta contra periodistas, dirigentes vinculados a la AFA y hasta contra un supuesto grupo de espías rusos identificado como “La Compañía”.
Entre los mencionados figuran el periodista Jorge Rial, el conductor Mauro Federico, el director de Data Clave, Pablo Giménez, y el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza. También aparece Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, a quien el Gobierno describe como “opositor declarado”.
El escrito señala a Toviggino como dueño del canal de streaming Carnaval y afirma que este medio y su programa Data Clave, donde se difundieron los audios de Karina Milei y semanas atrás se revelaron los dichos del exfuncionario Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, fue creado con el “único fin de hostigar y chantajear” a la actual gestión.
La denuncia recuerda que tanto Rial como Federico ya habían sido denunciados por Javier Milei en una causa por injurias, luego de que preguntaran por los perros del Presidente. Ahora, el Gobierno señala que “lo que empezó como una búsqueda de información personal se transformó en una maniobra de espionaje ilegal y chantaje”, destinada a dañar la reputación de los funcionarios y condicionar políticamente al oficialismo.
En el caso de Bindi, el Ejecutivo lo vincula a “agentes inorgánicos de inteligencia” y lo describe como posible “autor intelectual o partícipe necesario” de la operación, aprovechando sus contactos en los medios y en los servicios.
La denuncia también menciona a un supuesto grupo de inteligencia ruso denominado “La Compañía”, encabezado por Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Iakovenko, acusados de recibir financiamiento desde Moscú, operar en redes sociales, influir en organizaciones civiles y recolectar información política sensible.
Según el Gobierno, las maniobras atribuidas a este grupo guardan “marcadas similitudes” con la difusión de los audios de Karina Milei, aunque en la presentación judicial no se aporta un vínculo directo.
El contexto electoral agrava el cuadro para el Ejecutivo, que resalta que la filtración de los audios se produjo a una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
