El peronismo de la provincia de Buenos Aires, comandado por Máximo Kirchner repudió la decisión del gobierno nacional de bloquear la creación de un fondo especial de asistencia tras las inundaciones.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires expresó un fuerte repudio al veto firmado por el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Patricia Bullrich, al proyecto de ley que creaba un fondo especial de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca y Coronel Rosales. La iniciativa había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso y contemplaba subsidios y créditos para la reconstrucción tras las graves inundaciones de marzo.
El decreto 424/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, anula la Ley 27.790 que declaraba la emergencia y la situación de catástrofe en la región. El texto legal vetado contemplaba la reparación de viviendas y edificios estatales, pero fue rechazado por el Ejecutivo con argumentos vinculados al equilibrio fiscal.
Según el gobierno nacional, la ley carece de fuentes de financiamiento concretas y contraviene lo establecido por las leyes 24.156 y 24.629, que regulan el gasto público y priorizan el cumplimiento de metas fiscales. También se argumentó que Coronel Rosales no debía incluirse, ya que los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional identificaron a Bahía Blanca como la única zona críticamente afectada.
"Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos", afirmó el PJ bonaerense en un comunicado donde apuntó directamente contra Milei, Bullrich y Francos.
"La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI, y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia", dice el comunicado.
El PJ destacó que la ley vetada había sido aprobada con 153 votos afirmativos y solo 32 en contra, todos del bloque oficialista de La Libertad Avanza. En ese contexto, el rechazo presidencial fue interpretado como una decisión política que desoye el consenso legislativo en torno a la emergencia.
Desde el oficialismo, el argumento principal fue la imposibilidad de crear nuevos fondos de asistencia en 2025, alineado con el programa de ajuste fiscal vigente. El gobierno sostiene que cualquier nueva partida presupuestaria debe estar respaldada por recursos identificados, algo que la ley no establecía.
"Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta", escribió en X el vocero presidencial Manuel Adorni.
Las inundaciones de marzo provocaron daños severos en infraestructura y viviendas de Bahía Blanca, lo que motivó el tratamiento urgente de un proyecto de ley específico para esa región. La declaración de emergencia y la asignación de fondos habían sido pedida por distintos actores políticos locales y provinciales.
La decisión presidencial podría ser revertida si el Congreso logra reunir una mayoría especial de 2/3 de cada cámara para rechazar el veto. Algo que hoy parece imposible.
