La respuesta de la Argentina fue inmediata. La Cancillería calificó la autorización británica como “ilegal e ilegítima”, al considerar que se trata de actividades realizadas en un territorio cuya soberanía es reclamada por el país.
Según pudo saber A24.com, desde el Gobierno señalaron que la explotación de recursos naturales sin consentimiento argentino viola resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a ambas partes a abstenerse de tomar decisiones unilaterales.
Vale destacar que también hubo pronunciamientos desde Tierra del Fuego, donde las autoridades provinciales reclamaron una intervención más activa del Estado nacional para frenar el avance de los proyectos petroleros y proteger los derechos soberanos argentinos.
Más allá del plano internacional, el desarrollo petrolero también divide a la sociedad isleña. Mientras un sector destaca los beneficios económicos, la creación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura, otros advierten sobre posibles impactos ambientales, presión sobre los servicios públicos y cambios profundos en la dinámica social de una comunidad pequeña.
Con una participación electoral cercana al 85%, los comicios dejaron en claro que la cuestión petrolera ya no es marginal, sino un factor decisivo en la definición política del archipiélago.
La autorización para explotar hidrocarburos en Malvinas vuelve a tensar una relación marcada por décadas de conflicto entre la Argentina y el Reino Unido. A más de 40 años de la guerra de 1982, la disputa por la soberanía suma ahora un componente económico de alto impacto, que promete mantener el tema en el centro de la agenda política y diplomática del Atlántico Sur.