El Gobierno cuestionó el anuncio de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para avanzar hacia la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y recordó que ninguna actividad puede realizarse sin autorización argentina.
Argentina rechazó hoy un proyecto para avanzar hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas, al sostener el reclamo de soberanía que mantiene sobre ese territorio y recordó que ninguna operación puede realizarse sin su autorización. El Gobierno consideró que estas acciones resultan "ilegales" e "ilegítimas" y argumentó que vulneran resoluciones de Naciones Unidas y la legislación argentina.
Las compañías Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí, anunciaron una inversión para avanzar en el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. En un comunicado, la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, señaló que el proyecto se definió "sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina".
"Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido", denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el área que forma parte de su plataforma continental y afirmó que la presentación de la iniciativa resulta "incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas".
Además, argumentó que también vulneran la legislación argentina, que establece que las operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental requieren autorización de la autoridad competente.
La Cancillería recordó que cualquier exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía contradice lo dispuesto por la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y por las recomendaciones del Comité de Descolonización. Ambos instrumentos reconocen la existencia de la controversia entre la Argentina y el Reino Unido e instan a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica.
El comunicado señaló que el rechazo se extiende también a todos los actos vinculados al avance hacia la etapa productiva del proyecto, como la aplicación de normativas dictadas por las autoridades isleñas, las concesiones otorgadas sobre la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores y cualquier otra medida asociada a las actividades consideradas "ilegales" por el Gobierno argentino.
El Gobierno recordó que ambas empresas ya fueron sancionadas por operar sin permisos. Rockhopper fue declarada clandestina por resoluciones de la Secretaría de Energía en 2012 y 2013, que dispusieron su inhabilitación por veinte años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022 por actividades desarrolladas en territorio argentino sin autorización oficial.
La administración nacional reiteró que no reconoce competencia a ninguna autoridad distinta de la propia para habilitar operaciones en esa zona. Además, advirtió a empresas, entidades financieras, aseguradoras que "toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes".
El Gobierno sostuvo que los nuevos anuncios sobre el inicio de tareas de explotación en un área bajo disputa representan un acto unilateral de efectos potencialmente irreversibles, al tratarse de recursos no renovables. Por la gravedad del caso, anticipó que profundizará su plan de acción para adoptar medidas adicionales destinadas a proteger sus derechos soberanos.
En el cierre del comunicado, la Argentina reafirmó sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
