Los jueces resolverán el pedido de domiciliaria cuando los fiscales emitan su dictamen. El plan que evalúan para evitar que se acerque a los Tribunales de Comodoro Py.
La trastienda del juicio a CFK
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola están trabajando en el dictamen donde fijarán su punto de vista acerca del beneficio de detención domiciliaria que solicitó Cristina Fernández de Kirchner. Si bien su opinión no es vinculante, puede aportar argumentos a favor o en contra que tendrían influencia sobre la resolución del tribunal que tiene a cargo el expediente de “Vialidad”.
Como antecedente, plantearon sin éxito dos pedidos de detención inmediata para todos los condenados, y criticaron el plazo de 5 días hábiles para que se pongan a disposición. Señalaron que “teniendo en cuenta que mediaría un fin de semana y un feriado, quedará automáticamente transformado en ocho días corridos”.
Más allá de sus consideraciones, cuando este martes presenten su respuesta dejarán habilitado a los jueces del TOF 2 para que resuelvan si le permiten a la exmandataria cumplir su pena en el departamento de Montserrat, o la envían a una prisión. Esta segunda opción podría darse por dos motivos: o porque rechazan el arresto domiciliario o simplemente porque prefieren completar otras medidas de prueba antes de pronunciarse.
Según pudo saber A24.com, de todos los escenarios posibles, el más probable es que le permitan a Cristina Kirchner permanecer privada de su libertad en el domicilio que ella misma propuso —San José 1111—, porque satisface el requisito de tener más de 70 años (72) y además representa un lugar seguro teniendo en cuenta que sufrió un atentado contra su vida.
La Justicia recibió el conforme del estudio socioambiental que se realizó en su departamento, tras una inspección que incluyó una entrevista con la ex mandataria. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal describió el barrio, las actividades en la zona y las condiciones de la vivienda.
A todo esto, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner fracasó en su intento por acceder al informe que presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación con la lista de los posibles lugares de alojamiento en la órbita de las fuerzas federales. El Tribunal rechazó el pedido de mostrarle las ubicaciones por su carácter de reservado.
La ex presidenta no es la única de los encausados que pidió el arresto domiciliario. También lo hicieron el ex secretario de Obras Públicas, José López; y los ex funcionarios de Vialidad, Nelson Periotti y Raúl Gilberto Pavesi.
Desde que el martes pasado la justicia otorgó 5 días hábiles para que los condenados comparezcan con el propósito de notificarse personalmente del fallo de la Corte Suprema y efectuar su detención, Lázaro Báez quedó preso en “Vialidad” mediante un trámite conjunto con el Tribunal Oral Federal 4 que lo trasladó a un penal de Río Gallegos para completar su sentencia en “Ruta del dinero”.
En cuanto a José López, se fijó el 26 de junio para el estudio ante el Cuerpo Médico Forense, y se recibieron los análisis socioambientales de Nelson Guillermo Periotti y Raúl Gilberto Pavesi.
La expresidenta adelantó que se presentará en los Tribunales de Comodoro Py el miércoles 18, al tiempo que el Partido Justicialista y La Cámpora lanzaron una convocatoria para acompañarla en caravana, con la bandera "Vienen por ella, vamos con ella".
No obstante, altas fuentes judiciales advirtieron que, si los jueces admitieran la detención domiciliaria antes del miércoles, podrían enviar una comisión hasta su casa y hacer efectivo el cumplimiento de la pena. En el mismo sentido, la defensa solicitó que “todas las notificaciones personales que deban efectuarse a Cristina Fernández sean practicadas por medio de una audiencia virtual”.
Remarcó que “cada vez que nuestra defendida debió concurrir a la sede judicial, se realizó un especial operativo de seguridad, el cual, en la coyuntura actual, podría requerir aún un mayor despliegue”. Recordemos que la Corte Suprema dejó firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones para obras de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Además, confirmó la absolución por el delito de asociación ilícita.
Los otros condenados son Lázaro Báez (6 años), José López (6 años); Nelson Periotti (6 años), Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), y José Raúl Santibáñez (4 años).
El abogado defensor Carlos Beraldi pidió la detención domiciliaria de Cristina Kirchner porque no existen riesgos procesales, porque superó la edad de 70 años y por motivos de seguridad personal. Argumentó que debe garantizarse su custodia porque fue víctima de un intento de homicidio, y porque como presidenta accedió a información confidencial, cuestiones de soberanía e integridad territorial, que están protegidas por la Ley de Inteligencia Nacional.
Beraldi consideró que “su alojamiento en una institución carcelaria de ninguna manera es compatible con los recaudos de seguridad” que necesita. Puntualizó que el personal del Sistema Penitenciario no está especializado. Por tal motivo, solicitó mantener el servicio de la División Custodia de exmandatarios de la Policía Federal Argentina.
Agregó que, para minimizar los riesgos, “se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”. Sobre la elección del domicilio en San José 1111, piso 2º “D”, Capital Federal, la defensa de la exmandataria señaló que es conveniente “a efectos de facilitar cualquier medida de contralor que pueda ser ordenada en lo que se refiere al cumplimiento de la pena impuesta”.
Finalmente, solicitó que no se le coloque una tobillera para verificar el acatamiento de las obligaciones que le fueron impuestas, ya que Cristina Fernández de Kirchner cuenta con una custodia permanente, a cargo de una fuerza de seguridad federal.
Como consecuencia de una serie de situaciones intimidatorias contra los jueces de la Corte Suprema, se alzaron las voces de los organismos que nuclean a los integrantes del Poder Judicial. En inmediaciones de la casa de Horacio Rosatti aparecieron pintadas que dicen “Rosatti ojo” y una línea curva que simula una “cara triste”. Además, cerca de Tribunales, pegaron afiches en contra de la decisión de los tres integrantes del Máximo Tribunal, acusándolos de atentar contra la democracia.
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) manifestó “su profunda preocupación por el contenido de las manifestaciones públicas de diferentes sectores, que pretenden condicionar el ejercicio independiente de la función judicial”, en referencia a su pronunciamiento en el caso “Vialidad”.
El presidente de la Federación, Marcelo Gallo Tagle, sostuvo que estas manifestaciones “resultan una injerencia indebida e intimidante, sea del sector que fuere”.
Por otra parte, en conjunto con el Consejo de la Magistratura de la Nación, emitieron un comunicado para reafirmar el rol que ejerce el Poder Judicial como autoridad pública de aplicación de la ley; enfatizar la necesidad de tolerancia y respeto, y rechazar cualquier actitud extorsiva contra las decisiones judiciales.
En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal expresó su acompañamiento solidario a Rosatti, y reafirmó su “compromiso de cumplir con el objeto de afianzar la Justicia para todos sus habitantes, proclamado en la Constitución Nacional”.
