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La excarcelación de presos: una inesperada crisis política para el Gobierno del Frente de Todos

por Mariano Obarrio | 29 de abril de 2020 - 21:09
La excarcelación de presos: una inesperada crisis política para el Gobierno del Frente de Todos

Cuando el foco del Presidente comenzaba a dividir su atención entre la pandemia del Covid 19 y la incipiente apertura de la cuarentena bajo “segmentación geográfica”, una serie de errores políticos, declaraciones propias y de altos funcionarios, y fallos judiciales introdujo a Alberto Fernández en una verdadera crisis política por la creciente excarcelación de miles de presos con condena firme o procesados de distinta peligrosidad, bajo la excusa de prevenirlos del coronavirus.

Las últimas cifras dan cuenta de 1400 liberaciones en el sistema penitenciario bonaerense y 320 en el sistema penitenciario federal. Unas 1300 presentaciones están pendientes de resolución.

Amplios sectores de la sociedad comenzaron a preguntarse, en las redes sociales y en los círculos políticos, si la pandemia podría ser aprovechada por el peronismo para liberar presos comunes, acumular poderes extraordinarios, gobernar sin Congreso y obstaculizar el Estado de Derecho. El Presidente salió a desactivar esas versiones con una seguidilla de tres tuits, ayer por la tarde. La coalición de Juntos por el Cambio encontró un flanco por donde hacer oposición y curar sus propias fisuras. Y en las redes se convoca a un cacerolazo para hoy a las 18.

“Esta es la pelea abierta con La Cámpora. Con su respuesta, Alberto le puso un freno a Pietragalla. Estaba presionado por el kirchnerismo”, dijo a A24.com un funcionario que conoce a ambas partes de la grieta interna. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, había reclamado a la Cámara de Casación la excarcelación del Ricardo Jaime, que fue denegada.

La Casa Rosada dejó trascender que Alberto se enojó con Pietragalla, que actuó sin avisar a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Sin embargo, Fernández lo respaldó luego públicamente.

En la provincia, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que también responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, salió a cruzar fuerte al ex juez Raúl Zaffaroni, un tótem del kirchnerismo puro judicial. Se opuso férreamente a las excarcelaciones, contra la opinión del ex juez supremo.

El oficialismo está surcado por una grieta: garantistas o abolicionistas se enfrentan a moderados. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, también había advertido que la excarcelación de presos es una irresponsabilidad de jueces que merecería juicio político.

Ocurrió horas antes de que Alberto Fernández les diera un guiño a los sectores más garantistas: dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendaba las excarcelaciones en medio de la pandemia por el alto riesgo de contagio. Sin embargo, ayer al medir el volumen de la crisis negó que esté detrás de la liberación de presos.

“Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, dijo Alberto en su cuenta de Twitter. “Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”, prosiguió.

Y concluyó: “Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”. Fue un mensaje hacia afuera, pero también hacia los sectores más duros del kirchnerismo.

Fuentes oficiales aseguran que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, más alineado con Cristina Kirchner, teme seriamente que se desmadre el contagio de Covid 19 en las cárceles bonaerenses. Pero su ministro Berni no parece estar de acuerdo. Considera que hay otras alternativas a la de mandar a los delincuentes a sus barrios.

“Si se produce un contagio, con las condiciones de hacinamiento, esto es un desastre. Ya lo números de contagios en la provincia están disparados. ¿Por qué no se metería el virus en los penales?”, se preguntan.

En los últimos 15 días, los casos positivos a nivel país crecieron un 69%. Pero en la provincia un 138%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires treparon un 83% en dos semanas. Los contagios en el interior del país están casi aplanados en términos de evolución diaria.

Según pudo saber A24.com de altas fuentes provinciales, el ministro de Justicia, Julio Alak, también teme que se propaguen los contagios en los penales carcelarios, pero no está del todo de acuerdo con el fallo del juez de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, que otorgó un hábeas corpus colectivo; aunque ayer aclaró que los delitos graves deben resolverlos los jueces de ejecución penal.

Alak considera que se puede otorgar la prisión domiciliaria a los acusados procesados y condenados por delitos leves, sin peligro de violencia, robo o narcomenudeo; o aquellos que estén dentro de una población de riesgo, pero que no hayan cometido crímenes aberrantes. Sería una manera de resolver la superpoblación.

Según confiaron a A24.com allegados al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, existen 2944 pedidos individuales de liberación de presos. Desde el 8 de abril se instrumentan en el marco del hábeas corpus colectivo presentado en Casación;se han concedido y ejecutado ya 1400 pedidos.

La mitad son del universo de riesgo. No hay diferencias significativas con el promedio del flujo mensual. En 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 era 5,5% para esta altura del año. Desde enero de 2020 es de 6.2%. El universo de riesgo asciende a 2300 internos en el fallo de Violini. Pero si se concedieran los 2944 se sobrepasaría aquel promedio.

Entre los liberados por Violini se informaron violadores de un niño de 8, una niña de 6 años y una adolescente de 13 años. Los acusados volverían a sus barrios cerca de sus víctimas. Violini dijo que el último caso corresponde a un adulto mayor de 68 años con graves problemas de salud que estaba hacinado en una comisaría de Burzaco. ¿Pero entre ese hacinamiento inhumano y su casa no había una salida intermedia? Violini, que se reconoce ferviente kirchnerista, fue el que les habilitó a los presos el uso de celulares en las cárceles, con los cuales se hicieron amenazas.

El conflicto político entre el abolicionismo y el derecho tradicional también se disputa dentro de los tribunales, al margen del fallo de Violini. El 8 de abril, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que defina criterios frente a la emergencia sanitaria y carcelaria para prevenir contagios. Recomendó a los jueces que tomen "medidas alternativas a la prisión". Y propuso un universo de potenciales beneficiarios que, según interpretan altas fuentes judiciales, abrirían la puerta a que sean liberados asesinos o violadores detenidos a los que se le está por hacer juicio o que están en condiciones de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida: un condenado a 8 años podría ser liberado en el sexto o séptimo año. También propuso liberar a reclusos con penas leves o que sean población de riesgo.

El 13 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal emitió la Acordada 9 que fue firmada por Angela Ledesma, Presidenta, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky, Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Javier Carbajo. Solo firmaron en disidencia Liliana Catucci y Eduardo Riggi, dos jueces del tribunal inflexibles con el delito.

El resto se basó fundamentalmente en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomendó “medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos”. Y aceptaron todo el universo de beneficiarios propuesto por Mugnolo. Se atajaron y pidieron no liberar delincuentes comprometidos en “delitos graves, conforme normas constitucionales (…)”.

Catucci y Riggi señalaron que las medidas propuestas “debían dirigirse al Poder Legislativo” porque modificarían las leyes penales vigentes. Un argumento similar uitilizó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, cuando le contestó a Mugnolo, que también le pidió a la procuración que instruyera a los fiscales las nuevas disposiciones. Dijo que el Servicio Penitenciario tomó medidas sanitarias, y “respecto de cambiar parámetros” le señaló que el Ministerio Público es un órgano independiente. En caso de cambios en las soluciones, ello “es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, como del Legislativo si lo que se pretende es modificar los términos de la ley de ejecución penal o las reglas procesales para el acceso a determinados institutos”.

El juez del tribunal oral federal 7, Germán Castelli, planteó un serio conflicto. El 24 de abril declaró inconstitucional la Acordada 9 de la Casación y le denegó la excarcelación a Ana Lucía Tavara Huaman, condenada por comercialización de estupefacientes, tras un juicio abreviado en el que aceptó su responsabilidad.

Si el caso se eleva, podrían ser recusados los jueces de la Casación que la emitieron porque ya opinaron antes. El fallo fue muy duro con la Acordada 9 y dijo que “importa un avance sobre la independencia que la Carta Magna” les otorga a los jueces. Para añadir más leña al fuego, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, jefa de los abogados de oficio que defienden a los detenidos, les recomendó que pidan la libertad de sus defendidos.

El procurador General de la Nación, Eduardo Casal también se expidió sobre el tema: Dijo que no "resulta posible ni prudente establecer criterios de actuación" porque se "requiere el examen exhaustivo de cada caso" para que "la decisión que se adopte resulte tanto en beneficio de la salud del detenido como de la población en general, cuya seguridad, por otra parte, tampoco puede verse menoscabada"

Ahora, la política y los jueces están ante la encrucijada. De un lado tienen a la sociedad, del otro a los motines de los presos furiosos

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