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POLÍTICA

El Gobierno busca mostrar su cara más amable: acuerdo con empresarios y sindicalistas sin CFK a la vista

El Gobierno busca mostrar su cara más amable: acuerdo con empresarios y sindicalistas sin CFK a la vista
El Gobierno se reunió con empresarios y sindicalistas (Foto: Presidencia).

Mientras que los gremios gestan un operativo clamor en apoyo a Alberto Fernández en su momento político y económico más difícil, el Presidente no logró recrear la expectativa en su Gobierno con los anuncios del jueves último. El lunes buscó producir una foto que escenifique los “consensos básicos”, aunque avivó otra grieta: productores agropecuarios contra los agroindustriales.

La reunión entre empresarios, sindicalistas y movimientos sociales en la Casa Rosada buscaba conformar una hoja de ruta de acuerdos y compromisos entre los distintos sectores sociales y empresariales. “Dialogar y escuchar para construir esos consensos básicos”, señalan en Balcarce 50.

Finalmente los actores acordaron:

  • Dar un importante apoyo al Gobierno para la negociación que comienza con el FMI. "De cara a la sociedad y defendiendo los intereses nacionales", dicen en la Rosada como sucedió con el exitoso canje del 99 por ciento de la deuda.
  • Avanzar en acuerdos sectoriales.
  • Volver a poner el eje en el trabajo y la producción.

El titular de la UIA, Miguel Acevedo, lo sintetizó así: "Hay necesidad de tener consensos y de unir a la sociedad, porque si no tenemos la idea de una sociedad integrada cualquier medida va a fracasar".

Del encuentro -encabezado por Santiago Cafiero- participó todo el gabinete económico, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; los líderes de la CGT y la CTA; referentes de organizaciones sociales; y representantes de las organizaciones empresariales más importantes. El campo tuvo una silla: José Martins, representante del Consejo Agroindustrial argentino. No hubo, en cambio, representantes de la Mesa de Enlace.

El Consejo está integrado por aceiteros y harineros que salieron favorecidos por las rebajas diferenciales de retenciones del jueves último. En rigor, las medidas fueron acordadas con ellos. “Nuestros aliados son la UIA y el Consejo Agroindustiral, no la Rural”, admiten a A24.com en la Casa Rosada.

Todas las entidades del agro, de la Mesa de Enlace, quedaron fastidiadas con Martins. Coninagro, Federación Agraria y CRA seguirán integrando el Consejo Agroindustiral, aunque plantearon sus profundas críticas a la rebaja diferenciada de retenciones anunciada el jueves.

La Sociedad Rural, que encabeza Daniel Pelegrina, en cambio, directamente nunca había aceptado integrarse al Consejo.

Así las cosas, los “consensos básicos” parecen no existir incluso dentro de un amplio sector de la producción. La división existe dentro del complejo agroindustrial. Martins conserva una buena relación con Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, y con Dardo Chiesa, ex presidente de CRA y titular de la Mesa de las Carnes. Fueron los únicos invitados al anuncio del jueves, al margen de la UIA y las cámaras mineras. Pero la relación es tirante con un amplio abanico de agroindustriales que no se sumaron al Consejo.

Es por eso que los grandes acuerdos entre los empresarios y los sindicalistas todavía tienen un gran camino por delante. En la mesa de ayer no estaban todos los miembros del sector privado representados.

El Gobierno se reunió con empresarios, organizaciones sociales y gremialistas.
El Gobierno se reunió con empresarios, organizaciones sociales y gremialistas (Foto: Presidencia).

Por el poder de Alberto

En medio del conflicto económico, la CGT que dirigen Héctor Daer y Carlos Acuña, quiere dotar a Alberto Fernández de mayor poder, con un fuerte respaldo de los gobernadores y de los intendentes. Pero a cambio le exigen que se desprenda de la agenda de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de las crispaciones en contra de las decisiones de la Corte Suprema.

La forma de respaldarlo será en el acto por el 17 de Octubre, el Día de la Lealtad Peronista, en el salón Felipe Vallese, de la CGT, con transmisión por streaming, donde se le pedirá al Presidente que presida el PJ. De esta liturgia no parece estar convencido el Instituto Patria, que descarga sus críticas.

“Todavía no está claro si servirá la movida”, señalan en el PJ. “El fuego amigo es muy intenso, más allá de que el entorno de Cristina está moderado”, señalan en el peronismo. Los autores intelectuales de la movida sindical son José Luis Lingieri, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez.

El kirchnerismo duro fortaleció el fin de semana su embestida contra la Corte. El diputado Leopoldo Moreau avaló el pedido de juicio político de la diputada Vanesa Siley contra el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, pero sugirió extenderla a los cinco miembros de una “Corte agotada”. El silencio del sector del Presidente fue muy notorio.

Este punto también abre grietas con los empresarios, con los que se quiere llegar a “consensos básicos”. Los hombres de negocios dejaron trascender sus reparos al maltrato a la Corte Suprema en diversas formas.

El máximo Tribunal se tomará un tiempo más para resolver sobre el conflicto con los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Sergio Castelli. Concedió el martes último el per saltum para analizar si corresponde revocar los traslados de 2018 tal como hicieron el Senado y el Poder Ejecutivo. Son los camaristas que confirmaron el procesamiento de Cristina en la causa cuadernos y en el caso de Castelli quien actuará en el juicio oral de ese expediente.

Por ahora, la Corte analiza una opción intermedia: ni revocaría el traslado ni los confirmaría. Podría dejarlos en la Cámara Federal a Bruglia y a Bertuzzi y en el Tribunal Oral Federal 7 a Castelli pero solo hasta que se tramite un futuro concurso del Consejo de la Magistratura que los podría reemplazar.

“Los jueces de la Corte están midiendo el problema que se armaría si los dejan ahí hasta que se completen sus lugares con los del concurso porque todos los casos son distintos y generaría desorden”, señalan en el tribunal.

También en estos días, la Corte alumbraría el fallo por el recurso de amparo que presentó la Ciudad de Buenos Aires. Podría salir en gran medida favorable al distrito porteño, aunque no reconocería la totalidad del reclamo del jefe del gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

La Ciudad quiere frenar el recorte del 1,18% de la Coparticipación que dispuso Alberto Fernández en el decreto 735, unos 36.000 millones de pesos, que fueron transferidos a la provincia de Buenos Aires para que Axel Kicillof le pudiera pagar el aumento salarial a la policía bonaerense.

“Si Macri se excedió en 2016 podrían reducir el reclamo de Larreta”, señalan en los pasillos de tribunales.

El problema es que, por ahora, Juntos por el Cambio no tiene diputados suficientes para frenar la embestida del Frente de Todos que en el Senado le terminó de quitar el 0,92% de los recursos que le había dejado el decreto 735 y que le otorgó una suma fija del presupuesto nacional a la Policía de la Ciudad, establecida en 24.500 millones de pesos.

Es posible que sea ley en la Cámara baja. Sin embargo, en ese caso, la Ciudad volverá a hacer valer el reclamo de inconstitucionalidad ante la Corte. Se vienen momentos de creciente conflicto, lejos de los consensos básicos.

por Mariano Obarrio
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