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POLÍTICA

Grabois demostró con las tomas que la ley no lo alcanza

Grabois demostró con las tomas que la ley no lo alcanza
El líder de la CTEP, en una entrevista con A24 (Foto: archivo).

Juan Grabois realizó declaraciones amenazantes luego de que la Justicia no le ratificara su cuestionamiento a la Constitución.

Sus declaraciones para adelante son un aviso de que si sale la reforma judicial que fogonea la vicepresidente Cristina Kirchner, las tomas, usurpaciones y la reforma agraria Manu Militari sí podrían tener una legalización judicial.

La toma del campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos terminó bien, pero Grabois tomó de rehén un campo y la Justicia solamente le pidió si se podía ir. Él ganó y eso es peligroso.

Ganó porque puso en duda la Constitución Nacional que los argentinos juramos y reconocemos como la fuente de nuestros derechos y, asimismo, sobre la declaración de qué cosas están permitidas y cuáles no en la República.

En plena campaña electoral del año pasado, Grabois señalaba que había que hacer expropiaciones de tierra y que nadie puede tener más de 5 mil hectáreas.

En ese momento, cuestionó el derecho a la propiedad privada y ningún fiscal lo llamó para que aclarara sus dichos, que van en contra de lo que dice la Constitución Nacional.

En aquel momento, en septiembre de 2019, le escribí una carta abierta a Grabois y le recordé quiénes eran la nueva oligarquía y los nuevos terratenientes de la Argentina, los que se apoderaron de grandes extensiones de tierras fiscales y estancias con el dinero de la corrupción y el narcotráfico.

A esa nueva oligarquía denuncié en 2007 y nunca se pudo siquiera investigar. La fiscal de la causa, Natalia Mercado; su madre y gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, se garantizaron la impunidad, que también benefició a Lázaro Báez, Ricardo Echegaray, Cristóbal López y 50 funcionarios y testaferros que acudieron al festival de saqueo de tierra pública en provecho personal y en detrimento de las arcas públicas.

Los que no pagaron, además, siquiera el precio de mercado y lejos están de trabajar esas extensiones de tierras, que a su vez representan 120 veces la cantidad de hectáreas que ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Tucumán entera o dos veces las Islas Malvinas.

Además, esas tierras públicas contienen, en muchos casos, una riqueza extra inconmensurable en yacimientos de gas, petróleo y oro. De tal modo, le propongo a Grabois que contemple mi propuesta, que consiste en que juntos reclamemos la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio para que los argentinos podamos recuperar esas tierras públicas.

El Estado puede expropiar tierras, pero cuando se utiliza en beneficio de un bien mayor de la sociedad, cuando hay una utilidad pública en una ley que debe ser fundada y motivada su causa, como por ejemplo hacer una autopista, un puente, etc. Pero nunca esto puede suceder por el capricho del amigo del Papa Francisco en el país.

El Poder Ejecutivo Nacional no tiene la potestad de andar ejerciendo la expropiación compulsiva de tierras u otras propiedades porque no vivimos en un país comunista.

Durante dos semanas, Grabois, sólo porque para él sus métodos están bien, tuvo de rehén a la familia Etchevehere y su campo, con la excusa de que la “dueña” se lo iba a ceder.

En el país que éramos hasta el año pasado esto se hubiera resuelto en la Justicia como una problema entre privados y Grabois no se hubiera animado a entrar por la fuerza a una propiedad privada.

Está claro por las acciones que el gobierno nacional y provincial llevaron adelante estas semanas que Grabois tenía el respaldo de ellos.

Alberto Fernández salió a defender la usurpación de Grabois del campo Casa Nueva, diciendo que Dolores Etchevehere se lo quería ceder. Pero como hombre de derecho que es, y que por su condición de abogado mandó a varios periodistas a leer la Constitución Nacional, ceder un inmueble es un acto que se realiza mediante un escribano público y no irrumpiendo la propiedad privada con violencia.

El Presidente tendría que ser más abogado que militante en lo que hace y dice, y defender el principio de legalidad.

Grabois ganó porque puso en duda la Constitución que guía la República. Esto es muy grave por que cometió un delito desconociendo los verdaderos dueños de un campo, usurpando la propiedad, haciendo uso y abuso de ella, y la Justicia resolvió bien diciendo quiénes no tenían razón. Pero no hubo y faltó la sanción para los que cometieron el delito.

Esto es lo grave porque con este hecho queda el precedente que cualquiera puede cuestionar y desconocer la propiedad privada. Total, el castigo nunca llega.

Y queda una certeza sobre la cual he venido alertando: las tomas son parte de un plan que incluye expropiaciones y reforma agraria. Y todo eso está encuadrado dentro de la venganza al campo, con el fin último del Gobierno de apoderarse de la producción nacional de granos.

La reforma judicial que haría que Cristina Kirchner se convierta en la Justicia posibilitaría que todos los deseos, relatos, necesidades del poder, cuentos, historias y mentiras oficiales puedan tener en tribunales la convalidación de distintas acciones ilegales.

Sería concretar y nacionalizar el modelo de la provincia de Santa Cruz, transformar lo ilegal en legal, darle apariencia legal a lo ilegal.

Por lo pronto, si bien celebramos la recuperación del campo por parte de Luis Etchevere, quedamos a medias porque quienes cometieron delitos no fueron castigados y esa es la razón por la cual quienes así actuaron se envalentonan y amenazan con recrudecer sus acciones.

Hay que evitarlo haciendo que no salga la Reforma Judiclal y salvaguardando la vigencia de la Constitución Nacional y la ley.

*El autor es diputado nacional por la UCR

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por Alvaro De Lamadrid
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