La justicia liberó a 17 de los 33 detenidos aunque todos siguen vinculados al expediente, ¿qué pasará con la investigación en los próximos días?
Las 33 personas imputadas por la violencia y los destrozos provocados durante la movilización en las inmediaciones del Congreso, contra la Ley Bases y el paquete Fiscal, deberán esperar a que la jueza federal Maria Servini y el fiscal Carlos Stornelli analicen las pruebas en su contra, y definan si los procesan o les dictan prisión preventiva.
La excarcelación a los 17 manifestantes fue concedida porque Servini consideró que no existen riesgos procesales de fuga o de obstrucción de la justicia. No obstante, los abogados de los otros 16 detenidos apelarán ante la Cámara Federal.
Entre jueves y viernes, el tercer piso de Comodoro Py se colmó de abogados especialistas en derechos humanos que acompañaron a sus representados a prestar declaración indagatoria. Aseguraron que durante el procedimiento les leían la lista completa de delitos que figuran en la carátula, por lo que algunos se negaron a declarar y otros directamente rechazaron los cargos.
Uno de los imputados que dio explicaciones fue Cristian Fernando Valiente, el hombre que tenía en su poder una granada de gas. A24.com pudo saber que declaró que la había encontrado en el piso. Lo cierto es que Valiente tiene antecedentes penales por suministro de estupefacientes, violación de domicilio, y robo.
Otra de las mujeres que quedó detenida es Sasha Lyardet, estudiante de Comunicación Social de la UNSAM y militante del MST. Sus allegados insistieron en que la capturó la Policía de la Ciudad en medio de una emboscada cuando ella estaba desconcentrando de la marcha. Pero en Tribunales trascendió que un policía declaró que la vio arrojando piedras.
Sin suspender la tarea por el feriado largo, en los próximos días la justicia espera recibir el informe de los peritos, y seguir revisando fotografías y videos aportados por las fuerzas de seguridad, medios de comunicación y testigos, a través de los que intentará identificar el rol de cada uno de los sospechosos.
Recordemos que el fiscal Stornelli acusó a los involucrados de una larga lista de delitos contra el orden constitucional: lesiones; daños simples y agravados; incendio y estrago; delitos contra la seguridad pública; instigación; intimidación pública; incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones; organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor; delito contra los Poderes Públicos y el orden Constitucional; atentado contra la autoridad; resistencia a la autoridad; perturbación al desarrollo de sesiones de cuerpos legislativos; con el posible agravante de terrorismo.
El periodista Orlando Morales conmovió a todos con sus lágrimas y con el sentido común de sus afirmaciones cuando lamentó que sus hijos crecieran en un país donde la violencia puede vencer al diálogo. Contó que un grupo de personas se abalanzó sobre el auto de la radio en la que trabaja, lo dio vuelta y lo prendió fuego sin miramientos.
Al parecer, entre los 33 detenidos ninguno de ellos estaría relacionado con esos hechos. Esta hipótesis la refrendó un testigo que se presentó espontáneamente en Comodoro Py el viernes pasado, aunque deberá comparecer el martes pues en el tribunal estaban desbordados con las indagatorias y los trámites de excarcelación.
Se trata de un delegado del Sindicato de Judiciales, Agustín Hartridge, quien a su vez se desempeña como subsecretario administrativo de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
En diálogo con A24.com anticipó que vio que las personas que atacaron el auto de Cadena 3 “actuaron muy rápido, aparecieron, dieron el auto vuelta en dos segundos, lo prendieron fuego en un segundo y se fueron”.
La mayoría de esas personas tenían el rostro cubierto, pero lo que más le llamó la atención fue “que actuaron con un objetivo claro, lo concretaron y se retiraron rápidamente del lugar”.
La jueza María Servini admitió como querellante a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que se presentó como particular damnificado porque entendió que los hechos violentos registrados en las inmediaciones del Congreso “no tendrían otro objetivo más que la interrupción del ejercicio democrático del Poder Legislativo de la Nación, en la sesión que se estaba llevando a cabo”.
Según expresó Villarruel en su presentación, en sincronía con los hechos del exterior del Congreso, en el recinto hubo intentos de suspender la sesión. Para acreditarlo acompañó su denuncia con la versión taquigráfica dónde resalta que en la página 79 se reproduce la discusión con senadores de Unión por la Patria que solicitaron hacer una pausa en el debate de la Ley Bases, para enviar una comisión de legisladores a la calle con el propósito de frenar la represión.
Además, la vicepresidenta señaló que hubo roturas y pintadas en el edificio anexo del Senado, sobre calle Entre Ríos 181, se lanzaron elementos contundentes contra el personal de seguridad, y se incendió el auto de Cadena 3, que estaba estacionado en la puerta de la Biblioteca del Congreso, en Hipólito Yrigoyen 1759.
Finalmente, remitió a la justicia el registro fílmico de las cámaras de seguridad del perímetro del Palacio para acreditar los daños y su valuación económica.
A última hora del viernes, la justicia federal concedió la excarcelación a 17 de los 33 detenidos durante los incidentes en los alrededores del Congreso, mientras en el Senado se debatía la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Todos continúan vinculados al expediente hasta que se termine de analizar la prueba y se defina su situación procesal.
Fuentes del tribunal confirmaron a A24.com que, durante las indagatorias, la mayoría de los imputados negaron haber participado de los hechos y el resto se opuso a declarar.
Los abogados defensores de quienes quedaron presos insistirán ante la Cámara Federal de Apelaciones para lograr la libertad de sus representados. Los detenidos fueron identificados como Patricia Calardo Arredondo, Camila Juárez, Sasha Lyardet, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Daniel Sica, Juan Ignacio Espinetto, Nicolás Mayorga, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, Cristian Valiente , Facundo Exequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.
En tanto, la lista de los liberados incluye a Nora Edith Longo, Sofia Belén Ottogali, Belén Yanina Ocampo, Mía Pilar Ocampo, Matías Leonel Ramírez, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Luis Alberto De La Vega, Mateo Latorre, Germán Moyano, Facundo Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Roman Esteban Méndez, Santiago Lautaro Adano, Brien Ezequiel Ortiz, y Remigio Ramón Ocampo.
