La Cámara en lo Contencioso Administrativo habilitó el trámite de un nuevo recurso del Ejecutivo contra las sanciones por incumplir la ley. Ahora, la causa vuelve a primera instancia, pero no define la pelea de fondo con el CIN.
La Justicia aceptó una nueva apelación del Gobierno contra la ley de financiamiento universitario (Foto: archivo).
Mientras este martes se discutía en la Comisión de Presupuesto de Diputados el presupuesto educativo y sobre todo, el de las universidades para 2027, la Justicia habilitó una nueva apelación del Poder Ejecutivo Nacional contra la medida cautelar que, entre otras cosas, sancionaba al Gobierno con multas diarias por no aplicar la ley de financiamiento universitario. Ahora, esa parte de la causa vuelve a ser tramitada en un juzgado de primera instancia.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó este martes que se tramite el recurso contra la decisión del juez Martín Cormick de continuar con la ejecución de la medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. Esa cautelar también establecía que de no hacerlo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, debería pagar $100.000 diarios como multa.
Ahora, el juez de primera instancia deberá analizar si el Ejecutivo está cumpliendo o no la medida cautelar y si se le debe aplicar lo que en términos judiciales se conoce como "astreintes" (multas).
Cuando el magistrado dictó la medida cautelar y dispuso que el Gobierno debía comenzar a cumplir la ley, advirtió que en caso de que no lo hiciera iba a aplicar una multa por cada día que de incumplimiento. La medida fue confirmada por la Cámara y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la Casa Rosada apeló la decisión de que se aplique una multa. Esa apelación fue rechazada por el juez, pero ante esa negativa fue directamente a la Cámara para que intervenga en el caso.
La presentación que llegó ahora a la Cámara, se originó en una resolución del 9 de octubre firmada por el juez Cormick en la que se dispuso que se elevara a la Cámara la causa principal (en la que ya había dictado una sentencia de primera instancia) y, al mismo tiempo, hizo saber a las partes que continuaría el trámite para ejecutar la cautelar dentro de un incidente separado.
El Gobierno apeló esa última decisión, aunque el juez rechazó el recurso el 14 de octubre.
El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación presentaron entonces una queja ante la Cámara para que revisara esa denegatoria. La Sala III hizo lugar al planteo y concedió la apelación, que deberá tramitarse en primera instancia.
La nueva decisión se suma a la resolución del 15 de octubre, cuando la misma Sala III admitió una queja oficial y dispuso que se tramitara con efecto suspensivo la apelación contra las multas de $100.000 diarios impuestas a Santilli.
Esa medida dejó las sanciones en pausa mientras avanza el recurso, pero tampoco resolvió si el Gobierno había cumplido con la cautelar.
La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos.
El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la ley votada el año pasado por la oposición. No obstante, el Gobierno apeló esa sentencia.
El CIN, mediante la cautelar original, reclama que la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas de acuerdo al índice mensual de inflación dado por el INDEC. También busca que el Estado nacional garantice los fondos para las becas estudiantiles, como el financiamiento para los gastos de servicios y funcionamiento de las casas de altos estudio y sus hospitales, de acuerdo con los parámetros previstos por la ley.
