El TOF 7 planteó reclamos a la Corte Suprema y al Tribunal de Casación. El martes habrá una reunión en la que se discutirá sobre la presencialidad o virtualidad de las audiencias.
El juicio oral por la Causa Cuadernos desencadenó controversias en Tribunales que podrían derivar en cambios significativos para el desarrollo de las audiencias. El martes próximo habrá una reunión clave en Comodoro Py donde intentarán aquietar los ánimos y dar una solución a la discusión sobre presencialidad o virtualidad, y el problema de la cantidad de encuentros semanales.
La convocatoria la hizo la Superintendencia de la Cámara de Casación a los jueces del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que tienen a cargo el debate del expediente que sentó en el banquillo a Cristina Fernández de Kirchner y a otros 86 acusados por corrupción. Fue la primera reacción de los magistrados haciendo uso de la facultad delegada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que les impone velar por los principios de celeridad e inmediatez en los juicios orales.
En el ámbito judicial la opinión pública pesa. Cuando se trata de veredictos, de sentencias o de la aplicación de beneficios contenidos en el Código Penal se apegan a la norma y la jurisprudencia para defender sus criterios. Sin embargo, cuando lo que se cuestiona está relacionado con asuntos de forma no disfrutan las críticas, por lo que la tendencia de los jueces es prestar atención a la demanda popular, y proteger la transparencia y credibilidad del sistema.
En este sentido, A24.com pudo saber que durante una reunión de los representantes de las Salas de Casación, el camarista Gustavo Hornos fue quién planteó la necesidad de no hacer oídos sordos a los reclamos contra las audiencias telemáticas una vez por semana, sobre todo porque a ese ritmo para llegar a un veredicto habría que esperar por lo menos 4 años.
Encabezados por el presidente del Tribunal, Daniel Petrone, junto con Hornos, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, resolvieron llamar a los integrantes del TOF 7 para persuadirlos de modificar el calendario y ofrecerles la Sala AMIA, en Comodoro Py, una vez que terminen con las obras de refacción.
De hecho, están pensando que podrían habilitar otra sala para darle cabida a la mayor parte de los casi 200 participantes del juicio, y llevarlo a un formato híbrido, algunos presentes y otros conectados por zoom. Otro rumor que circula en los Tribunales es la posibilidad de habilitar la feria de enero para aprovechar los espacios ociosos y agilizar el proceso.
Los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta intentaron que los dejen participar de la reunión de Superintendencia de Casación y el Tribunal de Cuadernos, pero la respuesta fue que se trata de “una convocatoria para magistrados sin intervención de las partes del proceso”.
El Tribunal Oral Federal 7 abrió la segunda audiencia del juicio oral de Cuadernos con una resolución que expresó el acuse de recibo de las críticas por la virtualidad y frecuencia de las audiencias.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Panero y Germán Castelli decidieron que desde el 25 de noviembre las audiencias se celebrarán martes y jueves. En tanto, las declaraciones indagatorias se realizarán bajo modalidad mixta: tribunal, imputados, defensores y partes acusadoras de forma presencial; el resto de forma telemática.
Por otra parte, solicitaron a la Corte Suprema la utilización de la Sala de Derechos Humanos y de la Sala de Acuerdos “2050” (ambas en el Palacio de Justicia), así como la autorización para más contratos de personal.
El Tribunal no disimuló su malestar por quedar expuestos como los responsables de llevar adelante un debate cuestionado por ser lento y escasamente público. Presentaron una memoria de lo que calificaron como “el largo derrotero” de los preparativos del juicio.
Los magistrados Méndez Signori y Canero explicaron que desde que se sorteó el tribunal en 2019 se hicieron “múltiples reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, requiriendo recursos humanos, espacio físico que incluya la adaptación de puestos de trabajo, gestión de expedientes sorteados o por sortearse, que fueron satisfechos sólo parcialmente por el Alto Tribunal”.
A su vez, puntualizaron que frente a la iniciación de este juicio se requirió a la Corte Suprema la provisión de una sala de audiencias en el Palacio de Justicia, y dicha petición fue archivada, haciéndose saber que el tribunal debía recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal, quien -por su parte- hizo saber a través de su presidente que se podría contar la utilización de la sala ubicada en Comodoro Py 2002 una vez culminada su refacción.
Sobre la reunión del martes con Superintendencia anticiparon que “si bien el objeto de la invitación se encuentra estrechamente vinculado con los múltiples requerimientos formulados por el Tribunal desde hace más de seis años, se canalizarán nuevamente las peticiones relevadas con anterioridad”.
Por su lado, el juez Castelli rechazó los planteos para cambiar las reglas de juego resueltas por el TOF 7 porque consideró que “sin apoyo en algún fundamento novedoso mayor que el reclamo de un sector de la opinión pública que no tiene las delicadas responsabilidades constitucionales conferidas a este órgano jurisdiccional, aparecería como caprichoso”.
Castelli agregó que “el compromiso de este Tribunal es el de realizar un juicio justo a todas las personas que toque juzgar, sean ricas, pobres, débiles o poderosas. Los jueces y juezas no estamos llamados a ser populares, sino a cumplir con la ley máxima, como garantía de seguridad y previsibilidad de todos sus habitantes.”
Fuentes judiciales negaron haber recibido pedidos del Tribunal para que les ayuden a encontrar un espacio donde llevar el proceso oral y público de manera presencial. Un alto funcionario de Casación le explicó a A24.com que tampoco el Ministerio Público Fiscal planteó algún reclamo al respecto de la modalidad del debate.
La Corte Suprema tiene que resolver el pedido del Tribunal, aunque es probable que espere a los resultados de la reunión con los magistrados de la Superintendencia de Casación.
En la Causa Cuadernos se investiga una presunta red de sobornos integrada por funcionarios del gobierno y contratistas del Estado, cuya jefa sería Cristina Fernández de Kirchner, con la complicidad de Julio De Vido, Roberto Barata, y otros 84 procesados. Los delitos imputados son asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento.
