La exjueza Ana María Figueroa (Foto: archivo)
La jueza Ana María Figueroa vio frustrada su voluntad de seguir integrando la Cámara Federal de Casación Penal, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara el cese de sus funciones a partir del 9 de agosto pasado, cuando cumplió la edad límite que marca la Constitución Nacional.
La estrategia que puso en marcha para quedarse se le vino en contra, a pesar de que hasta último momento esperó el respaldo de aquellos que la impulsaron a no darse por vencida. En las últimas horas se quejó de que la Corte decidió sin darle "derecho a defensa"
Con la batalla perdida, se retiró de Comodoro Py antes de que la Sala 1 que integraba con los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, resolviera sobre causas claves para Cristina Fernández de Kirchner, que son Memorándum con Irán, y Los Sauces y Hotesur.
Figueroa es reconocida por su intervención en causas de derechos humanos, paridad de género y autodeterminación de las mujeres. Fue una de las juezas que denunció haber sufrido presiones durante el macrismo. Su trayectoria en el Poder Judicial comenzó hace 38 años, y desde el 2011 ejerció su cargo en la Cámara de Casación.
Aún quedan en su despacho muchas de sus pertenencias personales, que planeaba retirar el viernes último, pero finalmente no se presentó. Mientras tanto, la despedida que cualquier juez o jueza podría aspirar a tener cuando se jubila, tampoco tiene fecha.
El pedido de Casa Rosada al Congreso Nacional para que la jueza Ana María Figueroa se quedara 5 años más en la Cámara de Casación, fue el punto de partida de una serie de acontecimientos que muchos en Tribunales calificaron como un papelón.
Primero, el oficialismo no logró obtener el quórum en el Senado para aprobar el pliego, antes de que la magistrada cumpliera 75 años.
Cuando llegó la fecha tope, el 9 de agosto, Figueroa mostró su resistencia avisando a sus colegas de Casación que no iba a renunciar y que dejaría de firmar sentencias, hasta que se completara el trámite que estaba demorado en la Cámara alta. Estos mismos argumentos los remitió por nota al Consejo de la Magistratura, y al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Esta estrategia fue como un bumerán, porque en la Corte se abrió un expediente para analizar el tema. Se trata del expediente 5084/2023, al que hace mención la resolución que obligó a la jueza Figueroa a dejar su cargo.
En los considerandos de esta decisión, el Máximo Tribunal dejó expuesto el modo en que sus pares no respaldaron su deseo de quedarse. El documento puntualizó que el 10 de agosto, la Superintendencia de la Casación le notificó que Ana María Figueroa ya había cumplido los 75 años, y que todavía no se había completado el trámite constitucional para su nuevo nombramiento.
En ese mismo oficio, la Cámara advirtió que “de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 inciso 4° tercer párrafo de la Constitución Nacional y con lo resuelto por esta Corte en el caso “Schiffrin, Leopoldo” (Fallos: 340:257) la situación de la Dra. Figueroa “podría devenir en el cese de sus funciones”. "
Tomando en cuenta los fundamentos de la Constitución y señalando que son la cabeza del Poder Judicial, los cuatro miembros de la Corte resolvieron que “la Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.
Así fue que la jueza debió aceptar que su carrera judicial había llegado al final, por determinación del mismo tribunal al que había acudido para que se valore su voluntad de continuar, con el amparo del pliego enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, que no llegó a debatirse en el plenario de la Cámara Alta.
Según pudo saber A24.com, varios integrantes de Casación, le habían hecho saber que no correspondía que permaneciera como jueza sin el acuerdo del Senado. En las reuniones de Superintendencia hubo quejas y pases de factura que incomodaron a todos.
Una de las fuentes consultadas recordó que el año pasado, la Dra. Figueroa le había dicho que su plan era jubilarse a los 75 años, pero que, posiblemente, alguien la terminó convenciendo de que se quede.
De acuerdo a esta hipótesis, habría sido el juez Alejandro Slokar el encargado de persuadirla para que no renunciara a pesar de estar pendiente el apoyo del Congreso. Sin embargo, en la última reunión de Superintendencia, la ex magistrada le habría pedido que hablara para sentar posición sobre su situación, a lo que Slokar habría respondido que no había pedido la palabra. Como sea, circularon varias versiones sobre lo sucedido puertas adentro, y una de ellas asegura que Slokar habría acusado al resto de sus colegas de buscar que echaran a Figueroa.
Lo cierto es que al tiempo que la Corte daba a conocer su decisión unánime sobre el cese de la jueza Ana María Figueroa, en Casación había pasado a cuarto intermedio una reunión donde se discutía el mismo tema.
Para la ex magistrada el sacudón fue inevitable. Algunos integrantes del cuerpo se preguntan si habrá tomado conciencia, en ese momento, de que quienes la habían empujado hasta allí, ahora la dejaron sola.
En definitiva, la única voz del gobierno que la defendió ante la Corte Suprema para que mantuviera su cargo, sin el aval del Congreso, fue el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, quien le envió una nota a Horacio Rosatti pidiéndole que retenga cualquier determinación relacionada con la continuidad de Figueroa, pues restaba el pronunciamiento del pleno del Senado.
El detalle es que Mena es uno de los imputados en la causa Memorándum con Irán, cuyo futuro depende de la Sala 1 de Casación, que integraba Figueroa.
Con la salida de Ana María Figueroa, también se fueron sus puntos de vista sobre los casos pendientes. En este sentido, las causas que preocupan a Cristina Fernández de Kirchner dependen de la decisión que tomen los otros dos integrantes del tribunal: Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
En noviembre próximo se cumplirá un año de las audiencias públicas que dejaron habilitados a los jueces de Casación para resolver si reabren o no Memorándum con Irán, y, Los Sauces y Hotesur.
Para que salga una resolución conjunta de Barroetaveña y Petrone, sin convocar una tercera opinión, ambos magistrados deberían sostener los mismos argumentos. De lo contrario, tendrían que convocar a un tercer juez.
Los rumores son muchos, pero los más resonantes indican que para Los Sauces y Hotesur habría acuerdo, en tanto para Memorandum, es posible que se requiera convocar a otro magistrado para el desempate.
En Memorándum con Irán, Cristina Kirchner quiere que la Cámara Federal de Casación ratifique su sobreseimiento por "inexistencia manifiesta de delito". Junto con la vicepresidenta están imputados Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.
En Los Sauces y Hotesur, la defensa de Kirchner solicitó que no se reabra “porque los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal”. Esta causa se inició por presunto lavado de dinero a través de una supuesta asociación ilícita integrada -entre otros- por la vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, su sobrina Romina Mercado, Cristóbal López, Lázaro Báez, sus hijos Leandro, Martín y Luciana, y el ex socio de Máximo, Osvaldo San Felice.