El Gobierno -a través de la Procuración del Tesoro- considera alternativas legales para evitar pagar el embargo dispuesto por el CIADI en el laudo por la expropiación. No descartan apelar a la Corte Suprema de EE.UU.
El Gobierno analiza apelar un fallo de la justicia estadounidense para evitar pagar U$$390 millones en el laudo por Aerolíneas Argentinas. Foto: Archivo.
El Gobierno analiza distintas alternativas judiciales después de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara la sentencia contra la Argentina en el caso por la expropiación de Aerolíneas y Austral.
"Estamos analizando alternativas, aún no hay nada definido", dijo una fuente oficial ante la consulta de A24.com, y aclaró que se trata de "un laudo del firme" ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el cual "la apelación fue rechazada".
El laudo en cuestión fue la decisión final y obligatoria que emitió el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones al que acudieron los fondos de inversión extranjeros contra el Estado nacional argentino. Por eso la obligación del cobro, tras la confirmación del fallo emitido el miércoles por la Cámara de Apelaciones de EE.UU. recae ahora sobre el Estado nacional, y no sobre la empresa Aerolíneas Argentinas.
Entre las alternativas legales que analiza el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, figuran una revisión ante la misma Cámara de Apelaciones, recurrir a la Corte Suprema estadounidense y solicitar la suspensión de la ejecución mientras se tramitan esos planteos, o directamente, buscar la forma de pagar.
La causa es entre el Estado argentino y Titan Consortium 1 LLC, la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo iniciado ante el CIADI por sociedades españolas del Grupo Marsans.
De esta manera, Argentina intentará evitar pagar el monto reconocido por la Justicia estadounidense por la expropiación de la petrolera por unos US$390 millones a diciembre de 2024, sin contar los intereses posteriores a la sentencia.
Se trata de un laudo derivado de la causa original por la expropiación de las Aerolíneas de bandera originados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con la estatización de YPF, los fondos de inversión en este caso de Aerolíneas y Austral, "en vez de denunciar por via judicial, tramitaron reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y ahora el laudo quedó firme y listo para ejecutar", explicó una fuente del gobierno.
En el Gobierno aclararon que "lo que llevaron a la Justicia son los términos de la ejecución", pero aclaran que "como laudo para Argentina está perdido".
Por eso, ahora se analizan dos opciones: "Tenemos instancias legales, que estamos evaluando. Dentro de la vía legal se puede llegar a pedir un rehearing en banc, es decir, pedir una nueva revisión de la decisión tomada por el tribunal. Recién en una instancia superior, ante la Corte Suprema, pero como vías judiciales que están dentro del camino legal, no como posibilidades de apelar directamente a la Corte, eso lo descartamos", indicaron las fuentes.
En el Gobierno se quejan de la "herencia de deudas por más de 30.000 millones de dólares en juicios por políticas estatistas de gobiernos anteriores" y ratificaron que en esta instancia "ahora se está viendo como pelearlo o cómo lo pagamos".
En el Gobierno explican que el recurso de "rehearing en banc" significa "volver a revisar la sentencia" a través de un mecanismo previsto por el sistema judicial norteamericano en instancias posteriores a una apelación perdida.
El Gobierno mira como antecedente el reciente fallo favorable que recibió Argentina con apoyo del gobierno de Donald Trump, en marzo de este año, que logró evitar pagar una sentencia por más de U$$16.100 millones por la causa de la expropiación de YPF.
Según confirmaron este jueves a A24.com fuentes de la Procuración del Tesoro Nacional, organismo que quedó a cargo de la defensa del Estado argentino evalúan pedir una nueva revisión ante los mismos jueces que fallaron contra el país.
Otra opción sería solicitar que el caso sea revisado por una integración más amplia de la Cámara de Apelaciones o presentar un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
En todos los casos, se trata de recursos excepcionales, que forman parte de las herramientas que la Argentina tiene sobre la mesa antes de definir si lleva el caso al máximo tribunal estadounidense.
El Ejecutivo también analiza solicitar una suspensión de los efectos del fallo y de las medidas de ejecución mientras se resuelven esos planteos, para intentar frenar el cobro y evitar que Titan pueda avanzar con medidas o embargos contra activos argentinos en Estados Unidos.
