La directora nacional de Migraciones aclaró que no se permitirá el ingreso de extranjeros con antecedentes penales
La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, habló sobre la derogación del decreto de política migratoria emitido durante la gestión de Mauricio Macri, sobre el ingreso de extranjeros con antecedentes y detalló que “es mentira que los extranjeros con antecedentes penales puedan ingresar al país”.
“Ningún delincuente puede ingresar a la Argentina. Ni antes ni ahora, porque tenemos las mismas herramientas para expulsar a aquellos -extranjeros- que delinquen y las causales para impedir el ingreso de delincuentes a territorio nacional es el mismo en la ley de Migraciones que en el decreto 70”, dijo Carignano en América TV. “No somos locos. No queremos que vengan los delincuentes extranjeros”, insistió.
Este viernes, el Gobierno derogó un decreto de la presidencia de Macri sobre política migratoria porque entendió que esa norma resultaba "irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos".
La funcionaria nacional criticó que el gobierno anterior "puso mucho marketing, mucha brillantina en este tema y lo que hizo fue achicar los plazos de la defensa que tenía un extranjero y eso fue declarado inconstitucional en varias instancias judiciales y hasta la propia ONU instó al país a derogar este DNU porque violaba garantías constitucionales”.
Mediante el decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió derogar los cambios que la administración de Mauricio Macri había aplicado en la ley migratoria y que implicaban controles más estrictos para la entrada de delincuentes extranjeros y la agilización de trámites de expulsión de inmigrantes que tuvieran antecedentes penales.
Esta medida deja sin efecto el decreto 70/2017 firmado por Macri, que acortaba los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. Esa misma norma también instituía condiciones más rígidas en relación con las causas que podían impedir el ingreso y permanencia de extranjeros en la Argentina cuando estuvieron condenados o contaran con antecedentes penales.
