La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la suspensión de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, una medida clave del Gobierno que buscaba restringir el derecho a huelga al ampliar el alcance de los servicios esenciales.
La Cámara del Trabajo confirmó la suspensión de los artículos que ampliaban los servicios esenciales durante conflictos gremiales. La CGT había presentado un amparo por violación a la libertad sindical.
La Justicia confirmó la suspensión del decreto del Gobierno que limitó el derecho a huelga (Foto: archivo).
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la suspensión de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, una medida clave del Gobierno que buscaba restringir el derecho a huelga al ampliar el alcance de los servicios esenciales.
La decisión ratifica el fallo de la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, y responde a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que había advertido sobre la inconstitucionalidad de la norma.
Los artículos anulados obligaban a garantizar entre un 50% y un 75% del servicio durante conflictos laborales, incluso en actividades no tradicionalmente consideradas esenciales. Para la CGT, esa medida atenta contra la libertad sindical y el derecho a la protesta.
“En ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio”, señalaba el decreto presidencial ahora suspendido.
Los jueces Héctor Guisado y Silvia Pinto Varela, firmantes del fallo, recordaron que el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias al momento de la publicación del DNU, por lo que cuestionaron el uso de esta herramienta sin debate legislativo previo.
“No está resuelta la cuestión de fondo, pero el decreto fue dictado mientras el Congreso estaba plenamente activo”, remarcaron en la resolución.
El decreto limitaba el derecho a huelga, estableciendo condiciones más estrictas para convocar medidas de fuerza en sectores considerados "esenciales" o de "interés estratégico".
Redefinía los servicios esenciales, incluyendo áreas como Transporte y Educación, lo que ampliaba las restricciones a la huelga.
La CGT y organizaciones de derechos humanos denunciaron la inconstitucionalidad del decreto por afectar derechos fundamentales.
El DNU 340/25 había sido dictado el 21 de mayo como parte del paquete de reformas laborales promovido por el Gobierno, en línea con lo establecido en el DNU 70/23, que también fue parcialmente suspendido en la Justicia y espera definición de la Corte Suprema.
La medida representa un nuevo revés judicial para el oficialismo, en medio de una creciente tensión con los gremios y el Congreso por el avance de reformas vía decreto. Desde la CGT celebraron el fallo como “una defensa del derecho a huelga y la democracia sindical”.
