Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, tomó la representación de la mujer y la niña de 10 años afectada por gas lacrimógeno, Carla Marina y Fabricia Pegoraro, para solicitar a la justicia que les permita convertirse en parte querellante. Sostuvo que “no hay protocolo que justifique gasear a una persona que está en el piso”.
La denuncia es contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich
La denuncia es contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (artículo 248), con penas de uno a dos años de prisión e inhabilitación especial. La próxima semana, Dalbón reclamará que se investigue la presunta obstrucción de la justicia al divulgar material falso.
Dalbón le dijo a A24.com que acercará a la justicia las pruebas que identifican a los responsables. Se trata de las imágenes del fotógrafo Cristian Pirovano, donde se puede ver el rostro del policía que disparó el gas, y un apellido en la pechera: "Rivaldi". Además, aportará datos de un comisario presente en el incidente.
Entre los testigos, pedirá que se convoque a los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Centro de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), quienes atendieron a la niña.
La defensa de Patricia Bullrich
Las denuncias fueron rechazadas por Patricia Bullrich, quien argumentó que “nadie le tiró intencionalmente a una nena”. A pesar de las imágenes donde un efectivo de la Policía Federal dispara gas lacrimógeno hacia la mujer y su hija en el suelo, Bullrich insistió en que fue un accidente.
Durante una discusión con el periodista Eduardo Feinmann en LN+, Bullrich sostuvo: “Los policías están todo el día en tensión. No escuchan bien con los cascos. Hubo un error al mandar un video que nosotros no avalamos”.
El jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle, fue señalado como la fuente que difundió el video falso, según Feinmann.
¿Qué dice el protocolo antipiquetes respecto al accionar de las fuerzas de seguridad?
El protocolo antipiquetes, contenido en la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, regula la intervención de las fuerzas federales en piquetes y bloqueos. Aclara que no se usarán armas letales y se pondrá especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos.
El protocolo también establece que el Ministerio de Seguridad deberá realizar una denuncia cuando se compruebe la presencia de menores en situaciones que pongan en riesgo su integridad física.
La norma ha sido denunciada por inconstitucionalidad, y la justicia federal ha exhortado al Ministerio de Seguridad a adecuar el accionar de las fuerzas policiales a los límites constitucionales y procesales.