El Banco Central deberá aportar datos relacionados con cuentas bancarias, plazos fijos, préstamos y tarjetas. A su vez, la Unidad de Información Financiera (UIF) fue requerida para informar sobre eventuales operaciones sospechosas, mientras que la Comisión Nacional de Valores (CNV) deberá aportar información vinculada con operaciones en el mercado de capitales.
El juzgado también requirió información a más de 20 plataformas de intercambio de criptomonedas para determinar si existen billeteras virtuales vinculadas con Tapia.
En paralelo, organismos públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires deberán entregar las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el dirigente, incluidos sus anexos reservados.
El Ceamse, por su parte, fue intimado a presentar el legajo laboral completo de Tapia y un informe sobre los ingresos que percibió durante su desempeño en el organismo.
El pedido de información a la Conmebol
La investigación también contempla la actividad de Tapia dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En ese marco, el juzgado solicitó documentación sobre los cargos que ocupó el dirigente, los períodos correspondientes y los ingresos que recibió por esas funciones.
La medida busca incorporar al expediente información que permita contrastar sus fuentes de ingresos con la evolución de su patrimonio.
La investigación también contempla la actividad de Tapia dentro de la Conmebol. (Foto: archivo)
La fiscalía también había solicitado información sobre eventuales funciones de Tapia en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), además de datos relacionados con cargos, períodos e ingresos derivados de esas actividades.
Por qué la causa está vinculada con el Ceamse
El expediente se concentra en el rol de Tapia como funcionario público del Ceamse. El organismo es una empresa pública interjurisdiccional encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Tapia integró el directorio del organismo desde 2016. Hasta 2024 se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires y desde enero de 2025 ocupa la presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires, según la documentación incorporada a la causa.
Su condición de funcionario público es la que permite que la investigación avance bajo la figura penal de enriquecimiento ilícito. La presidencia de la AFA, que Tapia ejerce ad honorem, no es el cargo que origina esta investigación.