El juez federal recibió el expediente después de que la Justicia porteña se declarara incompetente. La Cámara Federal resolvió la disputa entre ambos fueros y dejó el caso en Comodoro Py.
Ariel Lijo quedó al frente de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra "Chiqui" Tapia. (Foto: A24)
El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), a raíz de su desempeño como funcionario bonaerense en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). La causa permanecerá en los tribunales federales de Comodoro Py luego de que la Cámara Federal resolviera el conflicto de competencia con la Justicia porteña.
El expediente había comenzado en abril de 2026 a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. La presentación ingresó originalmente en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 se declaró incompetente y envió las actuaciones al fuero federal.
La causa terminó asignada al Juzgado Federal N° 4, que está a cargo de Lijo. En una primera instancia, el fiscal Gerardo Pollicita se opuso a que el expediente continuara en Comodoro Py y pidió que regresara a los tribunales porteños. Lijo, sin embargo, aceptó intervenir y la Cámara Federal terminó de resolver la disputa entre ambos fueros.
El delito de enriquecimiento ilícito puede atribuirse únicamente a funcionarios públicos. Por ese motivo, la investigación no está vinculada con la presidencia de la AFA, sino con las funciones que Tapia desempeñó dentro del Ceamse.
La empresa estatal es administrada en conjunto por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y tiene bajo su responsabilidad la gestión de los residuos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tapia ingresó a su directorio en 2015 como vicepresidente, impulsado por el Gobierno porteño.
Durante esa etapa representó a la Ciudad. En 2024 pasó a ocupar la titularidad de la empresa pública bajo la órbita del gobernador bonaerense Axel Kicillof y, desde enero del año pasado, integra el directorio en representación de la provincia.
Ese recorrido dentro de la administración pública es el que permite encuadrar la denuncia en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
