Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal N° 2 en el marco de la causa Vialidad. La decisión forma parte de las medidas adoptadas para avanzar en el recupero del perjuicio económico establecido contra el Estado.
Cristina Kirchner, en el balcón de su departamento, ubicado en San José 1111 (Foto: archivo).
El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso este miércoles una serie de embargos sobre propiedades y activos comerciales en el marco de la causa Vialidad. Entre los bienes alcanzados por la medida se encuentra el departamento ubicado en la calle San José 1.111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.
La decisión forma parte de las medidas adoptadas por la Justicia para avanzar en el recupero del perjuicio económico establecido contra el Estado a raíz de las irregularidades investigadas en la obra pública.
Según la resolución, el monto fijado como daño patrimonial asciende a 685.000 millones de pesos, cifra que constituye el objetivo de las acciones de recupero impulsadas en el expediente.
Esta nueva etapa contempla 144 bienes, entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades. También quedó alcanzado dinero atribuido a Florencia Kirchner que se encuentra en una caja de seguridad bancaria.
Uno de los bienes incluidos en la resolución es el departamento de San José 1111, en Monserrat, donde Cristina Kirchner cumple actualmente el arresto domiciliario.
La propiedad pertenece a Los Sauces, sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner que también fue investigada en una causa por lavado de activos. El embargo no significa que el inmueble vaya a ser rematado en forma inmediata. Tampoco implica que Cristina Kirchner tenga que dejar el domicilio donde cumple su detención.
Según explicaron los jueces, la medida tiene como objetivo impedir que los bienes sean vendidos, transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción mientras continúa el procedimiento.
La resolución también incluye inmuebles ubicados en el Madero Center, en Puerto Madero. Entre ellos hay un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con dos cocheras y una baulera. De acuerdo con el expediente, ambas propiedades tuvieron como único inquilino a Cristóbal López.
El listado también se extiende a propiedades y terrenos de la familia Kirchner en Santa Cruz.
Uno de los casos es el terreno donde se encuentra el Hotel La Aldea del Chaltén, que permanece usurpado desde hace más de dos años. También aparecen otros inmuebles ubicados en El Calafate.
En Río Gallegos, las medidas alcanzaron varias propiedades familiares, entre ellas el chalet de Cristina Kirchner sobre la costanera y otros inmuebles ubicados en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.
Para justificar el alcance de los embargos, los jueces se apoyaron en los fundamentos de la sentencia del caso Vialidad. El fallo había establecido que la maniobra vinculada a la obra pública produjo beneficios económicos para Lázaro Báez y que también existieron beneficios indirectos para la familia Kirchner.
La sentencia mencionó además una relación económica entre empresas vinculadas a Báez y sociedades de la familia Kirchner. Según el criterio adoptado por la Justicia, hubo operaciones relacionadas con hoteles y propiedades mediante Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Con ese antecedente, el TOF 2 sostuvo que determinados activos incorporados a los patrimonios de los condenados durante el período comprendido entre 2003 y 2015 pueden quedar sujetos al proceso de decomiso.
Los magistrados también recurrieron al artículo 23 del Código Penal, que contempla la posibilidad de alcanzar determinados bienes de sociedades o personas jurídicas beneficiadas con el producto de un delito y activos que hayan sido transferidos gratuitamente a terceros.
Las participaciones accionarias de Los Sauces y Hotesur también quedaron comprendidas dentro de las medidas.
Esos paquetes permanecen embargados desde 2017, cuando la Justicia investigaba cuestiones relacionadas con la sucesión de Néstor Kirchner.
En aquel momento, las acciones y cuotas que correspondían a Cristina Kirchner fueron cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, tanto en relación con bienes gananciales como con el patrimonio hereditario.
Para el TOF 2, esa transferencia no impide que las participaciones puedan ser consideradas dentro de la ejecución patrimonial derivada de la condena.
Otro de los puntos relevantes de la resolución está relacionado con una suma de más de US$5 millones atribuida a Florencia Kirchner.
Los dólares fueron encontrados en una caja de seguridad del Banco Galicia durante la investigación de la causa Hotesur. De acuerdo con lo señalado por el tribunal, la familia Kirchner no habría logrado demostrar ante la Justicia el origen lícito de ese dinero.
Además, el TOF 2 indicó que el Banco Galicia todavía debe responder a distintos requerimientos judiciales para determinar qué ocurrió con esos fondos y si existen otros depósitos en cajas de seguridad o cuentas.
Esta nueva resolución se conoce mientras la Corte Suprema de Justicia analiza la situación de los bienes incluidos en una etapa anterior del proceso.
En noviembre, el TOF 2 había ordenado el decomiso de 111 propiedades: 20 relacionadas con la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otras seis correspondientes a los restantes condenados.
La Cámara Federal de Casación Penal avaló ese criterio en febrero. Sin embargo, tanto Cristina Kirchner como Báez apelaron y el planteo llegó al máximo tribunal.
Mientras esa discusión continúa, el TOF 2 decidió avanzar con nuevas medidas para preservar otros activos y evitar que puedan ser transferidos o afectados antes de que se determine cuáles deberán responder por el monto establecido en la condena.
La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
