El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 hizo lugar a una cautelar y obligó al Poder Ejecutivo a actualizar de inmediato los salarios docentes y las becas estudiantiles previstas en la Ley 27.795.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 suspendió el decreto del Gobierno que había dejado sin efecto la ley de financiamiento universitario y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la norma.
La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una cautelar producto de una acción de amparo colectivo y consideró que el Decreto 759/2025 presenta, en esta instancia preliminar, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. La resolución obliga al Estado a aplicar lo dispuesto por la normativa 27.795, denominada ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pese al intento del Ejecutivo de suspender su ejecución tras el veto presidencial.
En los fundamentos del fallo, el magistrado remarcó que existe un "deber jurídico, concreto y específico" por parte del Estado, derivado del proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior insistencia de ambas cámaras del Congreso. En ese sentido, sostuvo que “la insistencia legislativa no admitiría en el prematuro análisis que permite efectuarse cautelarmente, otra solución que la efectiva aplicación de la ley que se trata”.
Cormick subrayó que la Constitución Nacional no prevé una “variante suspensiva” frente a una ley ratificada con la mayoría requerida y cuestionó que el Ejecutivo haya fundamentado el decreto en una norma de inferior jerarquía, como la ley 24.629.
El artículo 5 de ese texto exige cualquier "ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Según el juez, ese argumento no puede prevalecer sobre un mandato constitucional expreso.
Al analizar el impacto de la medida, el fallo advirtió que el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo, esto es, una afectación del derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional. En contraposición, señaló que la no concesión de la cautelar implicaría un ahorro "poco significativo" porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional.
El magistrado también descartó que la decisión pueda generar consecuencias irreversibles, al tratarse de una medida provisoria dictada en un escenario dinámico, atravesado además por el debate del Presupuesto. En ese contexto, consideró que la suspensión del decreto respeta el principio de división de poderes y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva, bajo caución juratoria.
La plena aplicación de la Ley 27.795 obliga al Estado nacional a garantizar un esquema de financiamiento previsible para las universidades públicas, atado a la evolución de la inflación y no sujeto a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. En la práctica, supone la actualización automática de las partidas presupuestarias para evitar licuaciones por el aumento de precios y asegurar el funcionamiento regular de las casas de estudio.
En materia salarial, el cumplimiento de la norma implica recomponer los ingresos de docentes y no docentes, incorporar de manera definitiva las sumas no remunerativas y garantizar que las negociaciones paritarias se convoquen de forma periódica, con ajustes que no queden por debajo del índice inflacionario. El objetivo es frenar el deterioro del poder adquisitivo y dar previsibilidad a los trabajadores del sistema universitario.
La ley también impacta en la política de inclusión educativa, ya que obliga a revisar y fortalecer los programas de becas y asistencia económica para estudiantes, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad. De este modo, busca sostener la permanencia y continuidad académica en un contexto de ajuste presupuestario.