El Gobierno envió al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario y abrió una pulseada con la oposición, que evalúa convocar a una sesión especial el miércoles próximo para intentar revertir la decisión presidencial.
El Ejecutivo objetó la norma por su alto costo fiscal y la falta de fuentes claras de financiamiento. Diputados deberá reunir dos tercios de los votos si quiere insistir con el proyecto, mientras la Casa Rosada avanza también con otros vetos pendientes vinculados a pediatría y ATN.
El Gobierno envió al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario y abrió una pulseada con la oposición, que evalúa convocar a una sesión especial el miércoles próximo para intentar revertir la decisión presidencial.
La norma había obtenido a comienzos de agosto una amplia aprobación en Diputados, con 158 votos afirmativos. Sin embargo, no alcanzó los dos tercios necesarios, el umbral que la oposición deberá reunir si busca insistir con el proyecto original y dejar sin efecto el veto.
La misma sesión en la que se sancionó esa ley incluyó la emergencia en pediatría, vinculado al financiamiento del Hospital Garrahan, y la distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Tal como habían anticipado fuentes de la Casa Rosada a A24.com, el Ejecutivo avanzará también con la anulación de esas iniciativas, cuyos plazos de revisión vencen este jueves.
El proyecto de financiamiento universitario había surgido de un acuerdo entre el bloque radical disidente llamado Democracia para Siempre y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Entre otros puntos, establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación, además de ordenar paritarias para docentes y no docentes en un plazo de tres meses y un refuerzo de becas estudiantiles.
El Ejecutivo objetó la norma desde el inicio, al sostener que su costo fiscal resultaba inabordable y ponía en riesgo el superávit, piedra angular del programa económico. En el texto del veto, ya publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno argumentó que el proyecto no respetaba el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige identificar con precisión las fuentes de financiamiento de todo gasto no contemplado en el Presupuesto.
La Casa Rosada consideró “genéricas” las fuentes mencionadas por la oposición para financiar la ley, como la mayor recaudación sobre lo previsto o la reasignación de partidas, y advirtió que no garantizan recursos suficientes ni disponibles. Además, estimó que la aplicación de la ley demandaría en 2025 un gasto superior a un billón de pesos, lo que forzaría a recurrir a la emisión monetaria, incrementaría la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables.
Se trata de la segunda vez que Milei rechaza una ley de financiamiento universitario. En 2024, había logrado blindar su decisión con el respaldo de un tercio de los diputados, apoyo que llegó de gobernadores y de un sector del radicalismo que luego se integró en un interbloque con La Libertad Avanza.
Ahora, la oposición analiza cómo responder. Dirigentes de los bloques más duros proponían este miércoles llevar el tema cuanto antes al recinto para aprovechar la debilidad política del oficialismo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las tensiones con los gobernadores. Una reunión clave entre secretarios parlamentarios opositores está prevista para este jueves, en la que se definirá si se convoca a la sesión y con qué temario. También esperan la resolución sobre los vetos a la emergencia por Bahía Blanca y a la moratoria previsional.
