Félix Crous. titular de la OA.
La Oficina Anticorrupción ordenó diseñar un sistema de monitoreo para reforzar el control de las actividades privadas de los funcionarios públicos anteriores y posteriores a dejar sus cargos con el objetivo de registrar antecedentes, vínculos, e intereses de las personas que ingresen a altos cargos en el Estado.
El registro abarcará acciones de los funcionarios desde tres años antes de asumir el cargo, hasta un año posterior al ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo que dispone la resolución 15/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del titular de la OA, Félix Crous.
La resolución fue anunciada por el funcionario en el marco de una disertación que realizó hace 15 días en un seminario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Ancham), sobre las políticas de transparencia que lleva adelante el organismo.
Tal como había manifestado el titular del área en aquella oportunidad, la medida publicada hoy puntualiza: “El ingreso y egreso a altos cargos públicos, desde y hacia el sector privado, fenómeno conocido como ‘puerta giratoria’, implica riesgos de captura de la decisión pública, que pueden perjudicar el interés público en beneficio de intereses privados específicos, mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio”.
El artículo 1° encomienda a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia el diseño del sistema que registrará "antecedentes, vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional, así como también de actividades realizadas por estas personas al egreso de la función pública -hasta un año posterior al cese de funciones".
En tanto, el artículo 2° encarga a la misma dirección "la proyección de medidas y la articulación con los diferentes actores públicos y privados necesarios para que el diseño, formulación, evaluación y planificación colaborativa" del sistema "pueda expresar su potencialidad".
La norma concluye diciendo que "a efectos de controlar el cumplimiento de las normas de ética pública, resulta necesario monitorear la circulación en la ocupación de altos cargos en el sector público desde y hacia el sector privado que pudieran acarrear situaciones de conflicto de intereses u otros riesgos de incumplimiento de dichas normas".
