La administración de Javier Milei consiguió que ninguna causa complicada le estallara en las manos, pero no pudo llevar adelante sus principales objetivos. La negociación para aprobar las candidaturas para la Corte Suprema y el enfriamiento para la Procuración General.
El Poder Judicial percibe que en la agenda del Gobierno lo suyo no es prioridad. Foto: archivo.
El gobierno de Javier Milei no consiguió todavía imponer ninguno de los temas de su agenda judicial: la aplicación masiva del Código Procesal Penal acusatorio -para que investiguen los fiscales y los jueces controlen que todo esté bien-, la designación de un procurador general que regularice el interinato eterno de Eduardo Casal, la cobertura de las dos vacantes (una actual, otra inminente) en la Corte Suprema y la reforma del Código Penal.
Pero como contrapeso, ningún expediente judicial le estalló en las manos, pese a que varios amenazaron con hacerlo. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, medio centenar de causas se iniciaron sólo en Comodoro Py 2002: desde el hallazgo de cinco millones de kilos de alimentos en galpones de Capital Humano que nunca llegaron a los comedores sociales (con la consecuente imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público para la ministra Sandra Pettovello) hasta las últimas por la firma de un acuerdo con Gran Bretaña que, según organizaciones de ex combatientes de Malvinas y de derechos humanos podría constituir el delito de traición a la patria.
El Gobierno cree que la gestión de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia tiene facetas positivas; en los tribunales, la percepción es diferente.
Cúneo Libarona no tiene buena química con ese termómetro judicial que es Comodoro Py 2002. Su figura, en cambio, es muy reconocida en el fuero penal ordinario -ese que funciona en los alrededores del Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano-. Pero allí no tramitan causas sensibles para la política.
Neutralizados los expedientes que podrían complicar a los propios, confían que desde los tribunales federales de Retiro llegarán en el corto plazo buenas noticias sobre uno de los pocos puntos que tienen en común los jueces y el gobierno de Milei: Cristina Fernández de Kirchner.
El próximo 13 de noviembre la ex presidenta recibirá -cuanto menos- la confirmación de la condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad. Ese hecho será una atracción de la atención pública, como una luz de neón para los insectos en una noche de verano. Pero seguramente no será el único; la Cámara Federal de Casación e, incluso, la Corte Suprema, enviaron señales negativas para su defensa en distintos expedientes: Los Sauces y Hotesur, Memorando de entendimiento con Irán y Cuadernos, este último demorado a la espera que su endeblez probatoria y la lluvia de nulidades en ciernes se compensen con un momento político propicio para avanzar.
De la Corte se habla. Las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla están frenadas en el Senado y no parece que esa situación vaya a modificarse en el corto plazo. El máximo tribunal, pese a que desde hace tres años funciona con sólo cuatro miembros (tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco) mantiene su promedio de entre 250 y 300 sentencias semanales. De ellas, un diez por ciento tienen sustancia; el resto son cuestiones de competencia, honorarios profesionales, desestimaciones brevísimas de recursos de queja (en dos párrafos) y remisiones a otros fallos de características similares.
De cualquier manera, es un enorme volumen de trabajo.
¿Podrá mantener ese ritmo con sólo tres miembros, tras la salida de Juan Carlos Maqueda el próximo 29 de diciembre?
La intensidad y cantidad de trabajo ceden en importancia frente a las disputas internas de poder. La añeja pelea entre el actual presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y su antecesor lejano Ricardo Lorenzetti, sigue constante en su punto de ebullición. Sin embargo eso no parece preocupar al gobierno, que la considera una disputa de nicho.
La iniciativa de Cúneo Libarona al principio de su gestión para proponer al juez de la Cámara del Crimen Marcelo Lucini como Procurador General de la Nación se enfrió, un tanto porque ese cargo es parte de una negociación política que incluye a las vacantes de la Corte y las de primera instancia y Cámara en Comodoro Py, y otro tanto porque el candidato original no es proclive a los cabildeos, manoseos y pedidos de apoyos varios que son propios de este tipo de procesos.
El Poder Judicial percibe que en la agenda del Gobierno lo suyo no es prioridad. Como corporación endogámica, los jueces piensan primero en protegerse de eventuales ataques externos como los que fueron moneda corriente durante el gobierno de Alberto Fernández y que no se están produciendo ahora.
Por lo pronto, están atentos a lo que surja del tratamiento de la ley de Presupuesto.
No perciben que haya un foco de conflicto; por lo menos no de manera inminente. Y con eso, por ahora, tienen suficiente.
