A través de su cuenta de X, el abogado y director de la Carrera de Posgrado de Derecho Constitucional en la UBA, Daniel Sabsay, habló de la decisión del gobierno de auditar las universidades mediante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay se refirió a la decisión del Gobierno nacional de auditar las universidades mediante la Sindicatura General de la Nación.
A través de su cuenta de X, el abogado y director de la Carrera de Posgrado de Derecho Constitucional en la UBA, Daniel Sabsay, habló de la decisión del gobierno de auditar las universidades mediante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
"Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la Sigen que depende del ejecutivo y eso afecta su autonomía", comenzó el prestigioso constitucionalista.
En ese sentido, explicó que el control de los gastos "debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso", dijo y explicó que "se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos pero ante el organismo adecuado".
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que tomará medidas legales para proteger su autonomía institucional ante lo que califica como una intervención inconstitucional por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Este organismo, que responde al Poder Ejecutivo Nacional, tiene previsto iniciar el próximo lunes una auditoría de los gastos de la universidad, según lo acordado en una reciente sesión del Consejo Superior de la UBA.
En el comunicado, las autoridades de la universidad subrayaron que la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 75 inciso 19, resguarda la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, estipulando que deben operar independientemente del Poder Ejecutivo y bajo la supervisión exclusiva del Congreso.
Asimismo, señalaron que la Corte Suprema ha sostenido esta autonomía, estableciendo que cualquier intromisión del Poder Ejecutivo en la gestión académica y financiera de las universidades es inadecuada. La Ley de Educación Superior también refuerza este principio, restringiendo las posibilidades de intervención del Poder Ejecutivo en los asuntos universitarios.
Para al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta disposición “unilateral” representa una violación de su autonomía constitucional. La universidad sostiene que su administración no puede ser subordinada a la órbita del Poder Ejecutivo por normas de jerarquía inferior a la Constitución.
“Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal”, argumentaron.