El Consejo Superior resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales para exigir la aplicación de la norma aprobada por el Congreso que garantiza recursos y recomposición salarial. Apuntan a todo el Poder Ejecutivo
La Universidad de Buenos Aires resolvió avanzar judicialmente contra el Poder Ejecutivo Nacional por la suspensión de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La medida fue aprobada por unanimidad en el Consejo Superior de la UBA, que reclamó la asignación urgente de los recursos previstos por la norma votada en ambas cámaras del Congreso.
La ley, ya promulgada por el Ejecutivo, permanece sin aplicación efectiva tras un decreto que la condiciona a la definición parlamentaria de sus fuentes de financiamiento. La UBA que cuestiona la legalidad de dicha suspensión.
En los fundamentos de su resolución, la Universidad señaló que el decreto “promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley”, lo que en su interpretación “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
“A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”, el Consejo Superior respaldó el inicio de acciones legales.
La decisión de litigar se produce en un contexto de crisis presupuestaria que afecta a todo el sistema universitario nacional. Según la UBA, la prórroga del Presupuesto 2023 quedó desfasada frente a la inflación, lo que agravó el deterioro financiero de las instituciones.
Durante 2024, los salarios del personal docente y nodocente de la UBA perdieron más del 40% de su poder adquisitivo frente a la inflación, de acuerdo con los datos citados en la resolución. A lo largo de 2025, la recomposición salarial también se mantuvo por debajo de los índices oficiales, profundizando esa pérdida.
La Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso tiene como objetivo garantizar el sostenimiento económico de las universidades nacionales y la recuperación del ingreso de sus trabajadores. “Su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”, advierte el documento votado por el Consejo Superior.
Además del financiamiento y los salarios, la norma contempla la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y otras actividades académicas. La UBA reclama la ejecución integral de esos recursos, amparada en los derechos consagrados en la legislación vigente.
“La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, concluye el texto presentado.
El conflicto judicial planteado por la UBA podría sentar un precedente para otras universidades nacionales que también se sumarían al mismo reclamo.
