Tras conocerse el pronunciamiento de la Corte Suprema que dejó firme su condena a 6 años de prisión, la expresidenta envió un escrito con pedidos sobre la forma en la que espera se cumpla su detención.
Cristina Fernández de Kirchner hizo una serie de pedidos a la Justicia para que se cumplan durante su detención (Foto: Reuters).
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito por medio de su abogado defensor con una serie de cuestiones para resolver para su detención o arresto. El doctor Carlos Beraldi confirmó que se presentó el pedido de prisión domiciliaria para la expresidenta, basado en que la condenada tiene 72 años de edad y que, pasados los 70, se puede solicitar ese beneficio.
En concreto, el escrito presentado da como lugar propuesto para cumplir con la prisión domiciliaria el inmueble ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de San Telmo. Hacia ese lugar se dirigió luego de conocer la sentencia condenatoria. En ese momento, Cristina Fernández de Kirchner estaba en la sede del PJ, el partido que todavía preside.
La otra cuestión que se aborda en el escrito presentado por Beraldi se refiere a la "tobillera electrónica". Es el dispositivo que se le coloca a los reos a los que se les concede la prisión domiciliaria. Ese dispositivo se coloca de manera fija en el tobillo de la persona y envía datos permanentes sobre su ubicación. Además, tiene un mecanismo de alarma que avisa en el caso de que, por cualquier razón, se rompa o destruya.
En concreto, el pedido es para que no se le aplique ese dispositivo a Cristina Kirchner. Hay dos cuestiones que se piden que sean valoradas a su favor. En primer término, que durante todo el proceso (instrucción, etapa oral, apelaciones y sentencia formal de la Corte) la expresidenta estuvo "a derecho". Es decir, no se fugó, no obstaculizó la acción de la Justicia y se presentó en cada oportunidad en que así le fue requerida.
Pero hay otro punto que debe ser más importante todavía: por su condición de expresidenta (lo fue dos veces) y exvicepresidenta (una vez), Cristina tiene custodia asignada de la Policía Federal. Su función primordial es velar por la seguridad de quien tuvo la más alta magistratura del país. Pero ahora, al estar condenada a 6 años de prisión, es imposible suponer que una custodia permitiera que pudiera "evadirse y perderse el rastro de quien debe cumplir la pena en el domicilio autorizado". Comprometería a todo el personal asignado para su cuidado.
En otra parte del escrito, Beraldi aclara que si no fueran atendidos los considerandos planteados, se reserva el derecho de peticionar, tal como permite la Constitución Nacional tras la reforma de 1994, a accionar contra la Justicia argentina en tribunales internacionales, como por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
