Los cambios propuestos sobre el accionar policial y la legítima defensa ya se resumen como "la doctrina Chocobar" (Foto: gentileza Diario del Sur).
Con el título "Bases y puntos de partida para la libertada de la Argentina", el presidente Javier Milei envió un proyecto con 664 artículos para ser tratado por el Congreso Nacional en las sesiones extraordinarias. Entre las múltiples reformas que plantea hay un cambio muy especial para el tema de la seguridad, referido al accionar de las fuerzas de seguridad y a la legítima defensa (de uniformados y de los ciudadanos en general).
Aunque el cuerpo de modificaciones acaba de ser enviado al Poder Legislativo, ya se habla de una suerte de cambios para proteger y dar seguridad al accionar policial, lo que se interpreta ya como el surgimiento de la "doctrina Chocobar".
Se trata del caso del policía Luis Chocobar, quien el 8 de diciembre de 2017 intervino en un robo violento a un turista extranjero que terminó con la muerte de uno de los asaltantes. La ministra de Seguridad de ese entonces, Patricia Bullrich, reconoció la tarea del agente. Sin embargo, la Justicia lo procesó y condenó -3 años después- por el uso de arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento del deber. La condena a prisión quedó en suspenso, aunque Chocobar quedó inhabilitado para cumplir sus funciones.
Ahora los cambios que plantea el texto enviado al Congreso son varios, como el artículo que plantea que "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".
De haber estado vigente este cambio que ahora se propone, seguramente el agente Luis Chocobar habría sido declarado inocente en ese juicio.
El mismo artículo 344 plantea cambios al Código Penal, por lo que beneficia a quien responda ante diferentes delitos personales en su hogar. Así, no será punible si una persona se defiende al encontrar "...a un extraño dentro de su hogar o de un inmueble en el que legítimamente se alojara o trabajara, siempre que haya resistencia o señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente".
Otros justificativos para enmarcarlos como legítima defensa se darán "cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual. Estará además comprendido en este párrafo quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena".
Aquí hay un cambio trascendente para la acción de abogados y jueces. Muchas veces, asaltar con un arma de juguete fue un atenuante para el ladrón y un agravante para la reacción de la víctima. El cambio entiende que una persona violentada en su propio hogar - o fuera de él - no tiene posibilidad alguna de corroborar la peligrosidad del arma con que se le apunta.
Finalmente, el proyecto impide a familiares de los delincuentes a accionar contra las personas que actuaron en legítima defensa, según estos nuevos criterios.
Por otro lado, el megaproyecto también busca aumentar las penas por resistencia o atentados contra la autoridad: "Será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, mientras estuviere cumpliendo sus funciones”.
Cuando la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era candidata presidencial por Juntos por El Cambio, puso como ejemplos de buenos modelos de la implementación de la legítima defensa a Uruguay y Chile.
Siguiendo la ley vigente en esos países, la actual ministra de Seguridad dijo que "cuando el uso del arma es en cumplimiento del deber, no es un delito y supera el caso de la legítima defensa". Se trata de actuar efectivamente contra los delincuentes, sostuvo en su momento.
El presidente Luis Lacalle Pou, en Uruguay, cambió el artículo 26 del Código penal y dejó exenta de responsabilidad a la defensa en tres casos:
También comprende a los miembros de la policía o uniformados que en cumplimiento de sus funciones repelan una agresión física o armada contra él o un tercero (de nuevo, equiparable al caso Chocobar).
En Chile, el artículo 10 número 4 del Código Penal establece lo que se llama la legítima defensa propia. Señala que están exentos de responsabilidad criminal “el que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran ciertas circunstancias”.
Nuevamente, aparecen:
En Chile, el Código Penal entiende que el autor tiene una causal de justificación de su actuación que implica que no debe ser condenado. Eso ocurre, por ejemplo, cuando le disparan a una persona y esta repele el ataque golpeando al agresor o dándole muerte en el instante. Por supuesto, esto debe ser considerado en cada caso que llega a los tribunales.
También la acción de los carabineros y la policía tiene mayores capacidades para hacer cumplir la ley. Aunque, como vimos en el caso de la revuelta social de octubre de 2019, numerosos agentes terminaron exonerados y procesados en el gobierno del presidente Sebastián Piñera por presuntas violaciones a los derechos humanos (arrestos ilegales, violaciones y asesinatos).
Como la mayoría de los países de la región, Brasil sigue el criterio de las Naciones Unidas. La legítima defensa, según la carta de la ONU, es un derecho humano en respuesta a una agresión que ponga en peligro cierto, real y con una respuesta proporcional.
Pero con la llegada al poder de Jair Bolsonaro, en 2019, su gobierno intentó avanzar hacia una línea más dura con los delincuentes y de menores responsabilidades judiciales para la respuesta de las víctimas.
Ya como diputado nacional, Bolsonaro había propuesto modificar el Código Penal brasileño para que no sea punible cualquier acto de defensa propia o hacia terceros.
Ya como presidente insistió en que el "uso moderado de medios" en la defensa se traduce en “un mecanismo de protección del marginal.”
Acompañó esa pretendida reinterpretación de la legítima defensa con proyectos para facilitar el acceso a las armas de uso personal a los ciudadanos ante la violencia urbana creciente.
Esos proyectos sufrieron varios reveses por parte del Superior Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema Brasileña.
“El que valientemente defiende su propia vida o su patrimonio, o más, se arriesga a defender a otra persona, debe tener el apoyo de la legislación y no ser penalizado por ello en circunstancias en las que presentado un riesgo tenga que evaluar la forma y los medios que utilizará para ello”, sostuvo como consigna durante su presidencia.
Una situación diferente es la de la policía. En Brasil conviven esquemas de fuerzas de las ciudades, de los estados y la Policía Federal. También tienen un mayor grado de acción, que en muchas oportunidades derivó en acusaciones de violencia o, directamente, violaciones a los derechos humanos.
Pero en general, las fuerzas policiales tienen un mayor margen de acción para hacer cumplir la ley y se ha planteado también el debate sobre una reinterpretación del concepto de "legítima defensa".
Es lo que ahora pretende el gobierno de Javier Milei con varios de sus artículos presentados ante el Congreso.
