Edgardo Kueider pelea en Tribunales la decisión de echarlo de la Cámara alta. La justicia argentina aguarda la definición del desafuero para avanzar en el pedido de extradición.
Edgardo Kueider tiene por delante dos procesos judiciales que dependen de una tercera causa para definir su suerte. En Paraguay cumple arresto domiciliario porque no pudo justificar 200 mil dólares que llevaba escondido en su vehículo; en Buenos Aires quedó imputado en una investigación por enriquecimiento ilícito; y ahora él mismo presentó un amparo para sobrellevar ambos procesos con fueros parlamentarios.
Sin la inmunidad legislativa, Kueider corre riesgo de que se ejecute el pedido de extradición a la Argentina que tiene preparado la jueza Sandra Arroyo Salgado, decisión que dejó expresada en el pedido de desafuero que envió a la Cámara Alta, adelantando su voluntad de detenerlo.
Por otro lado, se abrió un conflicto sobre la validez de la sesión del jueves 12 de diciembre que removió a Edgardo Kueider del Senado. La discusión surge porque Victoria Villarruel dirigía la Cámara cuando se supone que ya le habían avisado que estaba en ejercicio de la presidencia, debido a que Milei estaba fuera del país.
El contrapunto más duro lo instaló el propio Javier Milei, quien opinó que la sesión fue inválida, y se podría hacer nuevamente, teniendo en cuenta que los números alcanzan para echar a Kueider.
Por su lado, Villarruel dijo que no tenía conocimiento del viaje, y que firmó el traspaso siete horas después de la partida a Roma, a pesar de que desde la Casa Rosada informaron que habían notificado a su secretaria privada a las 12 del mediodía.
Sobre la causa en Paraguay, Edgardo Kueider proclamó su inocencia y advirtió que se encuentra a disposición de la justicia aguardando que se esclarezcan los hechos. Tanto él como su secretaria Iara Guinsel Costa son investigados por tentativa de contrabando, y posible lavado de dinero.
Para salir de la cárcel pagaron una fianza de 150.000 dólares cada uno, y fijaron domicilio en un departamento de un lujoso complejo llamado «Tierra Alta», en Asunción. El fiscal Edgar Benítez, había pedido su detención por “peligro de fuga y obstrucción de la investigación”.
En su defensa, Kueider y su acompañante aseguraron que el dinero pertenecía a la firma paraguaya Golden Sur, de la que Guinsel Costa sería apoderada. Afirmaron que traían el dinero oculto por razones de seguridad, y que el objetivo era comprar electrónicos, cosméticos y perfumes en Ciudad del Este.
Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, le explicó a A24.com que ambos imputados enfrentan dos procesos. Uno es administrativo y el otro es penal. En el proceso administrativo aún no declararon ni presentaron documentación que acredite la posesión de ese dinero. Tienen 90 días de plazo para hacerlo.
La causa penal es la que motivó su arresto domiciliario por contrabando tras detectar que llevaban en una mochila negra 211.102 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 pesos guaraníes, que no habían declarado al ingresar al país.
Todo el proceso los mantendría en Paraguay entre cuatro meses o seis meses; no obstante, desde Argentina podría surgir un pedido de extradición. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado necesita la confirmación del desafuero de Kueider para enviar los oficios.
Los imputados pueden rechazarlo ante la justicia paraguaya, que tiene la autoridad para resolver si los entrega o no a las autoridades argentinas.
Recordemos que Edgardo Kueider fue detenido durante un control de rutina en el puente internacional de La Amistad, que une Paraguay con Brasil.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó el desafuero de Edgardo Kueider en el marco de la investigación por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, y lavado de activos, con el propósito de proceder a su detención a través del Tratado Interamericano de Extradición con Paraguay.
Por esa misma causa se allanó el departamento de calle Azcuénaga 1570 Piso 2º Dpto. “E”, en el barrio de Recoleta, que Kueider alquila, y que figura como domicilio real. Durante el operativo se secuestraron pendrives, teléfonos celulares y discos rígidos extraíbles.
La defensa de Kueider cuestionó que se haya ingresado con orden judicial al lugar donde vive en Buenos Aires por su condición de Senador, porque interpreta que fue ilegal la remoción de los fueros de inmunidad.
Mientras tanto, no se ingresó al despacho de Kueider en un edificio anexo del Congreso, aunque permanece clausurado con una franja, para resguardar todo lo que se encuentre en su interior y que pueda ser útil para el expediente.
Los procedimientos se extendieron a otros 13 sitios, entre ellos el lugar donde vivía Iara Guinsel Costa, en Rodriguez Peña al 1900, más 7 domicilios en Capital Federal, uno en Morón, otro en Berazategui, y 4 en Entre Ríos.
La pesquisa está relacionada con un socio de Kueider, Rodolfo González, que también figura como empleado de la Biblioteca del Congreso; y con la mamá de Guinsel Costa, Erica Costa.
Incautaron documentación vinculada con la empresa Bétail, y con los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, sospechados de pagar sobornos a Kueider para beneficiar a su empresa con contratos de seguridad.
La causa que lleva adelante Arroyo Salgado, en colaboración con el fiscal Fernando Domínguez, se encuentra bajo secreto de sumario.
La imputación se basa en el supuesto enriquecimiento ilícito a través del cobro de coimas que podrían haber pagado los Tortul, dueños de la empresa Securitas en Paraná, con el objetivo de mantener su contrato en Enersa, donde Kueider estuvo a cargo de la Dirección entre el 2016 y el 2018.
El denominado caso Securitas surge de una autodenuncia del grupo empresario, llevada a cabo como parte de su programa de integridad, tras recibir una serie de correos electrónicos en su casa matriz, donde se denunciaba lo que ocurría en Argentina.
Los responsables de la empresa sede local habrían utilizado un sistema de contabilidad falso para registrar pagos a proveedores fraudulentos, y justificar el dinero que desviaban para los sobornos.
Los hermanos Tortul y un grupo de exdirectivos de la firma quedaron procesados, en tanto está pendiente la indagatoria y la definición de la situación legal de Kueider, quien hasta ahora se protegió con su fueros parlamentarios.
Casi al mismo tiempo que desde Casa Rosada cuestionaban la expulsión del senador Edgardo Kueider, su defensor Maximiliano Ríos elaboró contra reloj una presentación ante el fuero contencioso administrativo federal, en la que solicitó una medida cautelar que suspenda esa resolución provisoriamente, y denuncia la inconstitucionalidad de la Sesión Especial del jueves pasado.
De acuerdo a este argumento, la ilegalidad se consumó cuando Victoria Villarruel, siendo Presidenta de la Nación en ejercicio, se mantuvo a cargo de la sesión, cayendo en el delito de incumplimiento de sus deberes.
El escrito señala que “lo obrado es como si el Sr. Presidente Milei hubiera venido, se hubiera sentado en el sillón del presidente del Senado, y hubiera sesionado, constatado el quórum, puesto en votación una propuesta, contabilizado los votos, y proclamado una aprobación. Nada más ridículo e inimaginable que Milei expulsando a un senador nacional de su banca.”
La defensa de Kueider expresó que no cuestiona la facultad de la Cámara Alta de tomar medidas disciplinarias sobre sus integrantes, sino “el ejercicio ilegítimo del mismo, violando previsiones, derechos y principios constitucionales, generando un escándalo jurídico, y un supuesto de gravedad institucional al versar sobre una función esencial del Estado.”
Remarcó que todo este proceso fue llevado en ausencia del senador, y sin un solo elemento de prueba institucional. Por ese motivo opinó que “la justicia debe cumplir con su deber constitucional de ejercer una revisión judicial acorde a la trascendencia institucional de la cuestión involucrada”.
Además, observó como un peligro que se designe un nuevo senador en reemplazo de Kueider, en base a “un mecanismo viciado, efectuado por una funcionaria (Dra. Villaruel) constitucionalmente incompetente, y más grave si se termina demostrando en Paraguay que los delitos que le imputan no existieron”.
