La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, anunciaron que el Poder Ejecutivo no participará de la Comisión Interpoderes que analiza el avance de las causas de lesa humanidad convocada por la Corte Suprema.
La decisión fue difundida en una carta pública dirigida al titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y es una muestra de la creciente tensión entre los poderes luego de que el tribunal superior avalara el pedido de per saltum de los jueces que investigaron a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos.
"La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, no deja de resultar oportunista", sostiene la misiva difundida con la firma de ambos funcionarios.
Afirmaron que "no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado".
"A partir de la última reunión realizada (23 de septiembre de 2016) el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso", manifestaron.
En ese sentido, se agregó que "es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento", en medio de una situación que "se ve agravada por el contexto de la pandemia".
"Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas, muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años, implica necesariamente la consolidación de la 'impunidad biológica', por la cual los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación", se enfatizó.