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Cómo es la reforma que discute el Gobierno para la Justicia Federal y el futuro de las causas por corrupción en el Estado

Mariano Obarrio
por Mariano Obarrio |
Cómo es la reforma que discute el Gobierno para la Justicia Federal y el futuro de las causas por corrupción en el Estado

En medio de la preocupación por el derrumbe de los mercados globales y locales, el gobierno de Alberto Fernández transita una discusión interna crucial sobre la letra fina de la reforma judicial: el albertismo corporizado en Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, quiere constituir un nuevo fuero federal penal con gran parte de los actuales juzgados de instrucción; pero el kirchnerismo duro propicia acotar al máximo la fusión del fuero penal ordinario de la Ciudad, solo a unos pocos juzgados.

Según confiaron a A24.com altas fuentes de la Casa Rosada, quien expresa mejor la voz del kirchnerismo en esta discusión es el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. De confianza absoluta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, es el número dos de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, mujer de confianza y socia jurídica del Presidente.

Los juzgados penales ordinarios fueron en su mayoría designados por el gobierno de Mauricio Macri y no son confiables para el kirchnerismo. Mena también propicia que el cambio sea con una transferencia de la mayoría de los juzgados penales ordinarios a la Ciudad y con la instrumentación del sistema acusatorio previsto en el nuevo Código Procesal Penal (2014), que daría mayor poder a los fiscales controlados por el nuevo Procurador General de la Nación, políticamente afín.

Ambos sectores, sin embargo, parecen estar de acuerdo, a grandes rasgos, con incorporar en la fusión de un gran fuero federal penal al actual fuero penal económico, que investiga los delitos de contrabando y evasión tributaria. “Pero todavía no se sabe si finalmente van a fusionarlos. La gran discusión está en la incorporación de los jueces penales ordinarios”, dijo un funcionario clave de esta discusión.

El Presidente anunció en su discurso ante la Asamblea Legislativa que pensaba en un gran fuero federal de más de cincuenta juzgados para investigar delitos federales (corrupción pública, narcotráfico, terrorismo) que incluiría a una gran parte del actual fuero penal ordinario, que ahora investiga básicamente robos y homicidios.

Otra parte se transferiría a la Ciudad de Buenos Aires con recursos y estructura para seguir investigando los robos, los homicidios y hechos de violencia de todos los días.

El fuero penal ordinario pertenece a la Justicia nacional y tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 63 juzgados, de los cuales 18 están sin juez asignado, o sea están vacantes. Es probable que el kirchnerismo duro exija que sean estos solamente, o parte de ellos, los que se fusionen con los jueces federales actuales. De ese modo, el Poder Ejecutivo podría designar a los nuevos jueces federales.

En tanto, el fuero penal económico, que investiga contrabandos y evasión tributaria, son 11 juzgados. Y son parte de la justicia federal, por lo cual no habría tanta complejidad en la fusión. Pero aún se discute eso. Mena considera que el futuro fuero federal debería tener no más de 30 o 40 juzgados, con los actuales 12 federales, 11 penales económicos y una decena de juzgados penales ordinarios, a lo sumo.

En tanto, Alberto Fernández dijo en el Congreso que pensaba en un gran fuero federal de 50 juzgados. El meollo de la discusión pasa el siguiente interrogante: ¿Quién investigará en el futuro los delitos contra la administración pública de funcionarios nacionales?

Esos delitos -cuyas investigaciones derivaron en detenciones y procesamientos y elevación a juicio oral de varias causas- son ahora el centro de las acusaciones de persecución política del kirchnerismo, que denuncia “lawfare”; una complicidad supuesta entre jueces y periodistas orquestada para perseguir a gobiernos que defienden causas populares.

“Lamentablemente la reforma y la fecha de envío serán informadas por el Presidente. No podemos adelantar nada”, dijeron a A24.com cerca de la ministra Losardo. Pero en la Casa Rosada cuentan que Mena asegura puertas adentro del Gobierno que “fusionar la justicia penal ordinaria con la federal no soluciona los problemas de la justicia federal”. Señala que sería complejo y que traería problemas de funcionamiento.

Un funcionario K señaló: “Todavía falta la letra fina. No es que queremos la fusión acotada del fuero penal ordinario, sino que aprovechando el acuerdo político general queremos que la reforma se haga de la mejor manera”. Mena podría admitir en cambio la fusión del fuero penal económico: “No le convence del todo, por el origen e influencias de ese fuero, pero la verdad es que en la práctica ya son considerados jueces federales solo que acotados a muy pocos delitos. Esa fusión sería lo más normal, cero traumática”, dijo un funcionario que lo escuchó en las reuniones reservadas en las que se discutió el tema.

“Ahora bien, el resto de la fusión, tiene que depender mucho de si se implementa o no el sistema acusatorio de una vez por todas”, dijo el funcionario K, que conversó el asunto con Mena y con la ex presidenta Cristina Kirchner.

El sistema acusatorio está previsto en la ley 27.063 que sancionó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación en diciembre de 2014. Pero todavía no se instrumentó porque el gobierno de Mauricio Macri no lo activó.

“Si el sistema acusatorio se implementa en la Capital, tener 50 jueces federales o más es innecesario; van a sobrar y no van a tener trabajo”, dijo Mena en reuniones privadas. Todavía no se sabe en forma fehaciente si Alberto Fernández y Losardo impulsan la gran fusión de los tres fueros, pero Béliz sí lo estaría impulsando, según confiaron a A24.com en la Casa Rosada.

“Alberto y Losardo no queda claro. Y también hay que ver cómo se avanza rápido con la transferencia de competencia a la ciudad de los actuales juzgados penales ordinarios”, señaló otro funcionario que responde a Cristina.

Lo cierto es que Alberto expresó en su discurso ante la Asamblea legislativa de la apertura de las 138° sesiones ordinarias que quería unos cincuenta nuevos juzgados federales con los actuales del fuero penal ordinario.

En concreto dijo que quería un fuero federal que “evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos”, que “impida falsas causas”, y que “acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones”.

También anticipó un “nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad” en “más de medio centenar de magistrados”. Precisamente, ese número es el que no quiere el kirchnerismo duro, que lo estima en 30 o 40 y sin tantos jueces del fuero penal ordinario.

Los observadores de las causas actuales aseguran que los jueces penales ordinarios por un lado no tienen competencia federal y hay que federalizarlos. Por otro lado, fueron en su mayoría puestos por el gobierno macrista y no son confiables para el kirchnerismo duro.

Por eso, si solo se fusionaran los juzgados penales ordinarios vacantes, el kirchnerismo vería una buena oportunidad de nombrar a la mayoría o a todos.

“Hay que ver cuántos juzgados ordinarios se transfieren. Lo ideal en mi opinión es transferir rápido todos los delitos ordinarios, con presupuesto , con estructuras, con jueces a la Ciudad”, dijo un funcionario del kirchnerismo judicial.

El interlocutor de Mena entonces concluyó que lo ideal es que el nuevo fuero federal “quede en 30/40 jueces y queda perfecto; o sea 12 federales, más 11 penal económico, más lo que traiga de ordinario, que debería ser lo menos posible”.

De lo contrario, considera que “quedaría un fuero federal inflado sin laburo”. La letra fina definitiva se conocerá en estos días. También impulsará el kirchnerismo aplicar el plan de implementación del sistema acusatorio, en el que los fiscales recobrarían mayor poder. En ese sentido, se le daría un papel central al futuro Procurador General de la Nación, que según quiere el Presidente sería el juez federal Daniel Rafecas, que aún no pasó el filtro del acuerdo del Senado. De ese modo, otro funcionario judicial kirchnerista tendría el control absoluto sobre todas las causas de corrupción.

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