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El albertismo y el kirchnerismo duro negocian la letra chica de la reforma judicial que desvela a Cristina

Mariano Obarrio
por Mariano Obarrio |
El albertismo y el kirchnerismo duro negocian la letra chica de la reforma judicial que desvela a Cristina
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El saludo de Alberto en el Congreso (Créditos: Gabriel Lichtenstein)
El saludo de Alberto en el Congreso (Créditos: Gabriel Lichtenstein)

El supuesto contrapunto que registraron las cámaras oficiales entre el presidente, Alberto Fernández, y su vicepresidenta Cristina Kirchner, antes de ingresar a la Cámara de Diputados, fue la premonición de la contienda que se desató entre albertistas y kirchneristas por el anuncio de la reforma judicial.

Los K quieren cambiar o evitar a los jueces no confiables. Pero la idea no es incrementar la cantidad de jueces, sino incluir en el nuevo fuero federal a 50 jueces en ejercicio, muchos de los cuales fueron nombrados durante el gobierno de Macri.

“No hay acuerdo con los kirchneristas, el debate está en que no hay que hacer grandes fueros federales, porque no sabemos quién tomará las causas. Y eso no garantiza el final del lawfare”, dijo a A24.com un dirigente del peronismo que conoce las pulseadas internas oficialistas. “No hay que agregar 50 jueces federales más, que son de Macri, sino controlar o cambiar a los que están”, dicen descarnadamente los dirigentes al tanto de esta pulseada.

Al inaugurar el 138° período de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto dijo que la reforma judicial buscará “evitar el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, impedir falsas causas, y acabar con la arbitrariedad en materia de detenciones”. Esto requeriría una reforma del Código Procesal Penal.

El anuncio del Presidente anteayer ante la Asamblea Legislativa dejó más dudas que certezas en el oficialismo. Alberto dijo que el “nuevo Fuero Federal Penal unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad” y que de ese modo las causas que hoy tienen los 12 jueces federales cuestionados de Comodoro Py pasarán a ser investigados “por más de medio centenar de magistrados”.

El plan confesado por los funcionarios es diluir el poder de Comodoro Py. Pero no está todavía la letra chica. No hay acuerdo entre los kirchneristas y albertistas, como en tantas otras áreas.

En la Casa Rosada, los detalles de la reforma del fuero federal penal están guardados bajo siete llaves. Se trata del fuero que investiga delitos federales, como narcotráfico, terrorismo, trata y causas de corrupción que afectan a la administración pública.

Por los trascendidos, y lo que dejó entrever el Presidente, los 12 juzgados federales de Comodoro Py se fusionarían con parte de los juzgados penales ordinarios con jurisdicción en la Ciudad (crímenes, robos, asesinatos). No está definido aún si se sumarán en este megafuero los juzgados del fuero penal económico, que investiga contrabando o evasión tributaria.

“Todavía no tenemos los detalles”, señaló un allegado a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. “Es que eso es lo que ahora está en discusión con el kirchnerismo”, señaló una alta fuente del peronismo. Alberto Fernández y Losardo pelotean este proyecto con los secretarios de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Un fiscal del fuero penal ordinario confió a A24.com que “no está nada claro” cómo se seleccionarán los juzgados ordinarios porque en su discurso Alberto Fernández dijo que en total serían 50, entre federales y ordinarios.

“Por lo visto no son todos porque existen 75 juzgados y fiscalías en el fuero penal ordinario”, dijo el funcionario judicial, intrigado. “Pareciera que es otra edición del proyecto de Beliz de 2004, pero corre el riesgo de no ser más que márketing si no lo pueden instrumentar”, agregó otra fuente judicial, atrincherada en la guerra química que cree el kirchnerismo le declaró al Poder Judicial.

“La verdadera reforma judicial fue la reforma del régimen especial jubilatorio del Poder Judicial y del Servicio Exterior”, señaló un magistrado. Esa reforma provocaría la renuncia de unos 300 magistrados y fiscales, que luego deberían ser nombrados por el Poder Ejecutivo, con una fuertísima puja entre kirchneristas, peronistas y albertistas.

Los demás anuncios del Presidente apuntaron a “fortalecer” la justicia federal de Santa Fe para el combate al narcotráfico. Se creará una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Y también agregará un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo.

Pero uno de los anuncios causó alarmas en el cuerpo de fiscales. Fue cuando hizo referencia al Ministerio Público de fiscales. “Para fortalecerlo –anunció- dispondré la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito”. Entre los fiscales recuerdan que era un proyecto de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, que asignaba fiscales en forma discrecional y no por sorteo.

También inquieta a toda la comunidad judicial la creación del Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina. “No se sabe cómo será, de quién dependerá: pueden nombrar a Raúl Zaffaroni y se transforma en un ente abolicionista”, dijo un magistrado. Sus eventuales competencias se superpondrían con el Consejo de la Magistratura, que debe controlar a los jueces y fiscales.

Respecto de los “sótanos de la democracia”, el Presidente anunció que dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia para “reformar la Ley de Inteligencia, impedir tareas represivas, facultades compulsivas, funciones policiales o tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”.

En realidad, todas estas malas prácticas ya están prohibidas en la ley 25.520. El artículo 4 inciso 1 las prohíbe literalmente y dice que “tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente (…) solo para aquéllas actividades que no pudieran ser realizadas regularmente por fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…)”.

“Lo que se modificará es esa excepcionalidad. Ahora la AFI no podrá ser convocada por ningún juez que la requiera. Y ese DNU aprobado por el Congreso modificará la ley”, explicó un funcionario de la Presidencia de la Nación.

¿Qué podrá hacer entonces la AFI? La nueva Agencia Federal de Inteligencia sólo podrá producir la “reunión y análisis” de información sobre posibles delitos que afecten la seguridad estratégica de la Nación u otros delitos complejos. Pero una vez producida esa información debe ponerla a disposición del juez, que deberá investigar con otros organismos de seguridad. “De lo contrario, los espías aprovechaban para espiar gente con la ocasión de estas investigaciones”, dicen en la AFI.

En cuanto a la desclasificación de archivos vinculados a la investigación del atentado a la AMIA, dijo Fernández, que la AFI desclasificará todos los testimonios secretos de agentes de inteligencia en torno a esa causa.

Serán documentos secretos que hoy están judicializados. Fue un pedido de la agrupación Memoria Activa a la interventora en la AFI, Graciela Caamaño. De ese modo, podrá quedar al descubierto, relevado del secreto, todo lo que haya dicho el ex director de Operaciones de la ex SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso.

Nunca más los agentes de inteligencia, como Stiuso, podrán colaborar con la investigación de la AMIA, aporte que llevó al recordado fiscal, Alberto Nisman, a acusar a ocho ex funcionarios iraníes por aquel ataque en el que murieron 85 personas.

Stiuso se transformó con los años, en el enemigo número uno de Cristina Kirchner, cuando ella hizo el pacto con Irán, en 2013.

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